Más allá del debate de la constitucionalidad o no de la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobadas en el Congreso de la Unión, y la posibilidad de que las instancias judiciales terminen frenando estas modificaciones, en el sector energético preocupa la incertidumbre que va a prevalecer durante los próximos meses, pues no solo se mantienen prácticamente detenidas las nuevas inversiones, sino que hay en curso muchos planes de ampliación o de crecimiento de muchos jugadores que permanecen en la incertidumbre; y por supuesto que, quienes ya tienen participación, están preparando cualquier escenario legal que se pudiera presentar.
En lo que parece haber coincidencia también es que las motivaciones detrás de esta “ofensiva” del Gobierno federal parecen de otro tiempo. ¿Por qué? La situación financiera de Petróleos Mexicanos está muy lejos de lo que un día fue, y la apuesta por “fortalecer” a la empresa en pleno 2021 ya no se ve factible. Otro factor muy importante a considerar es que hay estrictas regulaciones en materia energética pero, sobre todo, de competitividad en las cuales no entran estos cambios. La reforma en sí, por diversos factores, nos dicen, está destinada a fracasar, pero eso sí, esta intentona va a dejar secuelas.
LA TRANSPARENCIA NO ES SU FUERTE
Precisamente uno de los entes que, en teoría, tendría que tomar mayor relevancia en el contexto de esta reforma es la Comisión Reguladora de Energía, aunque la realidad es que el ente está aún muy lejano de cumplir realmente sus objetivos y cada vez se ve más parcial hacia los objetivos gubernamentales.
Se ha convertido en un ente burocrático que está frenado. Más que regular la competencia en el mercado y que, como otras instancias, hace gala de su opacidad, no entrega datos de interés para los ciudadanos –a pesar de ser sujeto obligado–, como los resultados de las verificaciones del cumplimiento de la NOM 016-CRE-2016, para saber quién sí, y quién no, cumple con los lineamientos. ¿No cree que sea de interés público?
