Presionan gaseros y gasolineros
Los cambios aprobados a la Miscelánea Fiscal han sido interpretados en el sector energético como una nueva forma de presión por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre los empresarios gaseros y gasolineros.
El ente encabezado por Raquel Buenrrostro, pretende promover penas de cárcel que podrían llegar hasta los 12 años para los dueños o representantes legales de estaciones que comercialicen con gas o gasolina, cuya procedencia sea ilícita, o bien, para aquellos que no entreguen litros completos a los consumidores.
De acuerdo con los anexos de la miscelánea, las sanciones podrían ser de entre tres y ocho años para quienes no vendan litros completos; y de seis a 12 años para aquellos que vendan productos provenientes de actividades ilícitas.
En este último punto, además del llamado huachicol, nos comentan, el SAT pretende disminuir la comercialización de hidrocarburos importados de manera ilegal.
En este espacio se ha señalado que, debido a los esfuerzos de la Administración General de Aduanas, había disminuido sensiblemente la importación irregular de hidrocarburos, sin embargo, la práctica seguía, aún en cifras mínimas. Con estas nuevas armas, el SAT pretende inhibir cualquiera de estas prácticas, nos dicen.
La pinza de Profeco
Quien también parece querer cobrar un mayor protagonismo o al menos tener más participación en este esfuerzo es Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, quien durante la reciente presentación del informe semanal del Quién es Quién en los Precios de los Combustibles, no solo señaló a algunas gasolineras que se niegan a ser verificadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, sino que, incluso, ya adelantó que, en una de ellas, trabajadores de Profeco harán una nueva visita acompañados de la Guardia Nacional.
Llama la atención, sin embargo, que, como parte de los esfuerzos que están llevando diversos entes, entre ellos Profeco, para asegurar que no se afecte a los consumidores de gasolinas, no se haya puesto énfasis en la verificación de que realmente se venda los productos autorizados por la norma ambiental en las zonas metropolitanas, esto a pesar de que sí han llegado las denuncias.
