La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció esta semana una nueva serie de medidas para apoyar a las maltrechas finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluida una aportación de 3 mil 500 millones de dólares para mitigar la carga fiscal y disminuir su deuda.

Tan solo en lo que va del año, los apoyos federales para la empresa mexicana ya rondan los 12 mil millones de dólares.

Por más que su director Octavio Romero Oropeza (quien, por cierto, lleva ya un tiempo de muy bajo perfil) defienda el modelo de negocios de Pemex ante legisladores cuando ha comparecido, lo cierto es que la carga para las finanza públicas es cada vez mayor.

Incluso, uno de los puntos más preocupantes es que estos millonarios montos no se invierten realmente en la empresa para mejorar sus capacidades o su infraestructura, lo que tampoco permite que alcance su potencial, algo que se ve cada día más difícil, por no decir imposible.

Y el futuro tampoco luce alentador, pues con la puesta en marcha de Dos Bocas y la reactivación de la red de refinerías, no se ve viable que Pemex por sí sola vaya a poder dotar de los insumos necesarios para refinación.

¿Se “morirá” el Gobierno con su estrategia o terminará reconociendo que necesitará del acompañamiento de la iniciativa privada?

EL BRAZO DE LA CRE

Además de la parálisis en cuanto a la aprobación de nuevos permisos para el sector energético, la Comisión Reguladora de Energía ha comenzado una nueva ofensiva en contra de los particulares, al menos así lo denuncian los empresarios del ramo.

Resulta que la CRE ha comenzado a solicitar a los transportistas y distribuidores un nuevo trámite o permiso, nos dicen, de forma injustificada, para que estos puedan acceder a las terminales, lo que ya ha generado mucha molestia e, incluso, la advertencia de que, en caso de seguir con estas acciones, se podría poner en riesgo el abasto de hidrocarburos en ciertas regiones, casi nada.

Más allá de la legalidad, o no, de la medida, no es entendible que, precisamente en estos momentos, la CRE haya tomado esta determinación, aunque algunos participantes del sector de hidrocarburos afirman que este “manotazo”, como le llaman, junto con la negativa a otorgar nuevos permisos, siguen la misma línea de golpear a los particulares para intentar favorecer a las empresas del Estado.