Redes de Poder: Decreto de Guardia Nacional entre líneas

Razones tendrá seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar que no esperará el trámite legislativo para que la Guardia Nacional pase a ser formalmente parte de la Sedena, aun tomando en cuenta, por una parte, que constitucionalmente no es viable, por lo que el decreto es impugnable, y, por otra, que en la práctica la corporación ya está integrada a la Sedena. Aunque el mandatario dijo que de cualquier forma se intentará que se realicen los cambios constitucionales mediante una reforma, lo cierto es que con este anuncio, en lugar de propiciar un mejor ambiente legislativo para una posible negociación, parece predisponer a la oposición a ni siquiera discutir su iniciativa. La controversia está servida, aunque los verdaderos propósitos detrás del decreto de la Guardia Nacional aún no se ven tan claros.

Legisladores distraídos

El anuncio del Presidente parece que tomó por sorpresa a más de uno, incluso en la Cámara de Diputados, donde tentativamente llegaría en algún momento la iniciativa de reforma. Al menos así le pasó a la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en San Lázaro, quien participó en una cabalgata en su estado, Morelos, y declinó hacer comentarios al no estar enterada del anuncio. ¿Será eso o recibieron línea para no subirse a opinar del tema?

Adeudo millonario

Aunque los museos nacionales de Antropología e Historia, Castillo de Chapultepec y oficinas centrales del INAH recibieron en tiempo y forma el servicio de aseo, de agosto de 2021 a febrero de 2022, Ocram Seyer sigue sin cobrar lo correspondiente al contrato INAH-CNRMS-CS-008/2021, por lo que el adeudo ya es de unos 6.2 millones de pesos más lo que se añada por el crédito fiscal sobre la cantidad de las facturas desde que caducó el plazo y hasta que sea entregada la cantidad correspondiente. La Dirección de Servicios Generales, de Javier Alcocer Almaraz, ya está al tanto de la situación, sobre todo en lo relacionado a las faltas a las cláusulas acordadas, al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, además de daño patrimonial. ¿Hará falta manotazo sobre la mesa del director, Diego Prieto Hernández?