Redes de poder: ¿Comisionados federales?

En los últimos días empezó a tomar fuerza la posibilidad de que el Gobierno federal pueda nombrar a un comisionado especial en alguna de las entidades del país que más padecen la violencia y la inseguridad. Es una idea que solo ha quedado en eso, sin embargo algunos secretarios del gabinete e inclusive algunos mandos militares no verían con malos ojos el nombramiento de un comisionado para la seguridad ya sea en un estado o en una región particular. Esta estrategia ya fue explorada en la administración anterior, cuando Alfredo Castillo llegó a tomar el control de la coordinación de la estrategia de seguridad en Michoacán ante la incapacidad del Gobierno estatal, aunque los resultados quedaron muy lejos de lo esperado y a la fecha se siguen viviendo las secuelas de las malas decisiones. El primer nombramiento, se comenta, podría darse en uno de los estados gobernados por la coalición que llevó a Palacio Nacional a López Obrador, y en donde no se han tenido prácticamente avances en materia de seguridad. Atentos.

Quieren el puesto de Kuri

Senadores de Acción Nacional ya han comenzado algunos acercamientos informales con sus compañeros de bancada en caso de que la dirigencia nacional dé luz verde al relevo en la coordinación del grupo parlamentario. A Mauricio Kuri, actual coordinador azul, le está costando llenar el espacio que dejó Rafael Moreno Valle, quien no solo tenía el respaldo casi unánime de la bancada sino que tenía una interlocución óptima con los líderes del resto de los partidos, sobre todo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena; y los señalamientos que han recaído en los últimos días sobre el senador, también hicieron mella, a pesar de haberlos rechazado. Tanto Josefina Vázquez Mota como Gustavo Madero siguen apuntados para llegar a la coordinación, aunque la reciente notoriedad que ha ganado Kenia López le podría dar impulso.

Congreso local en la mira

El posicionamiento del presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo a favor de la disolución del Congreso de Baja California (tras su actuación al cambiar el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años) abre la puerta para que la propuesta pueda ser realmente discutida, con todo lo que implicaría. No es la primera vez que se plantea una desaparición de poderes en los últimos tiempos. Hace unos meses, al inicio de la legislatura, diputados de Morena en el Congreso de Hidalgo llegaron al Senado con una solicitud para disolver el legislativo local, aunque en ese entonces Ricardo Monreal los convenció de desistir. ¿Realmente está en riesgo el Congreso de Baja California?