Unirse a las filas de la delincuencia organizada para salir de la marginación y la pobreza no debería ser la única salida de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y, sin embargo, lo es.

Así lo señala un estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con el apoyo de la embajada de Alemania, en donde se advierte que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por estos grupos criminales.

El documento enfatiza que las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a las drogas, son algunos de los factores que han facilitado su captación.

Destaca que los grupos delictivos se aprovechan de factores como el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia doméstica y hasta el contexto social para reclutar a los menores de edad, pero sobre todo, de la falta de tipificación en las leyes mexicanas y en su Código Penal.

Si bien existe protección hacia las niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento, ya sea por cárteles, pandillas o familias delictivas, la legislación mexicana carece de una estructura en su norma penal que sea explícita para sancionar sus diferentes modalidades y definir competencia jurisdiccional.

El estudio sostiene que en México el marco legal es débil, pues el reclutamiento no está tipificado y se considera una forma de trata de personas, por lo que es necesaria la tipificación para darle visibilidad al tema, reconocer el papel de los grupos delictivos y fincarles responsabilidades como autores de tal delito, para así proteger a niñas, niños y adolescentes.

Indica que el Estado mexicano es omiso en políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes como medida de prevención.

A su vez, señala que en todas las entidades federativas hay menores de edad en riesgo, sin embargo, destaca que 55 por ciento de la población en esta circunstancia se concentra en siete estados de la República: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.

Por todo lo anterior, desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, trabajaremos por tipificar este delito a fin de que nuestras niñas, niños y adolescentes no queden en vulnerabilidad, y sea tipificado y castigado el reclutamiento de este sector de la población en el país.

Ningún niño, niña y adolescente en México debe considerar como salida o solución incorporarse a las filas de la delincuencia organizada para salir de los males que les aquejan, pues de lo que único que deberían ocuparse es de estudiar, jugar y ser felices.