El fortalecimiento de las finanzas en los municipios y estados es una de las prioridades para este cierre de año, al igual que dotarlos de herramientas para un mejor manejo de su deuda, que sea transparente para los ciudadanos y no un tema reservado por años, como se hacía en el pasado.

La Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federales y los Municipios fue aprobada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, es un conjunto de normas cuyo objetivo es la reactivación económica nacional y atender la emergencia sanitaria con libertad para que las autoridades puedan destinar los recursos a su consideración de forma responsable.

Se trata de una ley que va cerrando puertas desde el municipio, pasando por los estados para dar agilidad a los esquemas administrativos de dichos niveles de gobierno. En el ámbito nacional se ha trabajado de la misma forma para alcanzar certezas de desarrollo y recuperación en 2021, en la línea de lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se busca el impulso del desarrollo, la generación de empleo y fortalecer los proyectos de infraestructura que cuenten con asistencia técnica para el desarrollo.

En el Senado hemos sido cuidadosos de no abrir el paso a mayor endeudamiento, sino brindar esquemas de flexibilidad para renegociar con márgenes sanos para la operación de los gobiernos, de acuerdo con la directriz del coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal.

El tema es de carácter técnico, pero de beneficios evidentes para la gobernabilidad. Por ejemplo, se incrementa el tiempo para que estados y municipios puedan ejercer las transferencias federales etiquetadas o bien, se da un plazo adicional para que los gobiernos locales realicen una reestructura de su deuda.

Ante la emergencia por COVID-19 que afecta al país y al mundo, la ley plantea definir medidas transitorias para apoyar a los estados en la atención de la pandemia y se fortalecen las opciones para la reactivación económica; se prevén medidas de apoyos ante caídas abruptas del PIB superiores al cinco por ciento, de acuerdo con el índice del INEGI.

Es posible que las entidades federativas redirijan los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias o emergencias sanitarias. Ello incluye la posibilidad de contratar personal, como médicos, enfermeras, policías y especialistas, que demande la situación.

En lo que toca al principio de transparencia será obligatorio realizar la inscripción de las operaciones relativas al uso de deuda, en el Registro Público Único que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las entidades federativas podrán realizar su cierre de administración con mayor certeza, tomando en cuenta la renovación de cargos donde se vayan a realizar según el calendario electoral 2021.

Estas medidas de apoyo a todos los ciudadanos -sin importar el tamaño del municipio- son parte del ideario de gobierno, llevado a los hechos desde el ámbito legislativo. Por delante va la protección de los ciudadanos, para compensar los efectos de la situación de emergencia que hemos vivido la mayor parte del año.

Nuestro compromiso es atender el bienestar de habitantes de municipios y estados. Es momento de actuar con absoluta responsabilidad.