Promesas incumplidas al Fiscal y silencio legislativo

El fiscal general de Nuevo León se siente traicionado. La razón: dos de sus principales impulsores, el alcalde Zeferino Salgado (cabeza del Grupo panista de San Nicolás), y el diputado federal Raúl Gracia, le dieron la espalda en la negociación de presupuesto 2019.

Ambos habían empeñado su palabra ante Gustavo Guerrero asegurando que los diputados panistas modificarían la partida presupuestal de la Fiscalía, para que se le otorgaran los recursos solicitados.

El coordinador Carlos de la Fuente también se habría sumado al compromiso, aunque finalmente tal cosa no sucedió y los panistas doblaron las manos ante la negativa de Jaime Rodríguez.

Ante esta ruptura, quien pretende convertirse en nuevo aliado de Guerrero es el diputado federal blanquiazul, Víctor Pérez, quien está asesorando y cabildeando en favor del fiscal para la acción de inconstitucionalidad que será promovida ante la Suprema Corte.

Lo que aún no se sabe es si este acercamiento se trata de una iniciativa propia de Pérez y, por tanto, un desafío a la postura de los otros grupos panistas en la entidad, o si tiene el aval de los distintos liderazgos.

Disyuntiva para el Bronco

Muy complicado inicio de año para Jaime Rodríguez, quien no termina de resolver una polémica por sus acciones de gobierno cuando ya tiene otra en puerta, e inclusive le toca quedar entre dos fuegos.

Ayer, integrantes la asociación civil Únete Pueblo iniciaron un plantón en el Palacio de Gobierno (en el pasillo del despacho del mandatario) para exigir que no se incrementen las tarifas en el transporte, y señalaron que lo mantendrán de forma indefinida mientras el gobernador no dé marcha atrás al aumento.

El mismo día, “El Bronco” recibió en su despacho a representantes de la Croc, quienes le pidieron aprobar un incremento en las tarifas del transporte urbano.

El jefe del Ejecutivo local, al parecer, les dijo que en el plazo de una semana tomará la decisión. Sea cual sea habrá muchos inconformes.

Silencio legislativo

En el Congreso local nadie quiere asumir el costo político de la eliminación de la multa de 11 mil pesos por la generación de emisiones atmosféricas.

Y quienes más se apresuran a esquivar el tema son los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que preside el legislador de Morena, Ramiro González.

No es la primera vez que se cuestiona el papel de los legisladores ni que se levanta la sospecha sobre quienes realmente toman las decisiones.

¿Es un círculo reducido de tres o cuatro legisladores quienes llevan la agenda legislativa? ¿Y los demás no cuestionan, no pregunta, no solicitan información? ¿O a qué se debe el silencio?