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Opinión

El concepto de la privatización de la seguridad siempre ha sido controvertido, por decir lo menos. Pero en realidad ha sido malentendido.

Para cuando el próximo Presidente de la República rinda protesta el 1 de diciembre de este año, México habrá gastado alrededor de dos billones de pesos en la guerra contra el crimen en los últimos doce años.

El gasto se ha ido dispersando principalmente en dos sectores: defensa y seguridad pública. Es decir, el costo de mantener a las fuerzas armadas activas en las calles por falta de capacidad policiaca ha mermado en aproximadamente 25 por ciento el desarrollo real de capacidades de defensa nacionales. El segundo sector es el de equipamiento, capacitación y ejecución de programas de seguridad pública que han tenido como supuesto hacer más eficientes y eficaces a las policías de los tres órdenes de gobierno. Es claro que esto no ha sucedido.

Imagínese usted lo que pudimos haber logrado con dos billones de pesos. Cuántas escuelas, hospitales, programas para el campo y proyectos de infraestructura se pudieron hacer.

En ese sentido la pregunta obligada a los candidatos es ¿cuál es el plan? Y la realidad es que ninguno lo tiene del todo claro, pero lo que sí es claro es que hay que pensar de una vez por todas fuera de la caja, porque las últimas dos estrategias sexenales no han funcionado. Tampoco se puede decir que no hubo logros y avances, pero las cifras no mienten.

No habrá solución mágica. No bastará una sola estrategia, tendrán que articularse una serie de estrategias integrales que ataquen de manera focalizada las causas y las consecuencias también.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el paradigma de la seguridad en general. De las guerras interestatales a las guerras asimétricas, hasta el papel que han jugado los grupos de la delincuencia organizada y actores no estatales en el desarrollo de esquemas de seguridad. La realidad es que el cambio de paradigma ha hecho más costoso el concepto de la seguridad.

La participación de la iniciativa privada en los programas de seguridad ha sido cada vez más necesaria y ha tenido resultados más favorables de lo que se piensa en nuestro país. El caso de Nuevo León es un buen ejemplo.

Por eso, bajo la misma premisa de trabajar gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, se muestra necesario explorar la participación de empresas de seguridad privadas en la colaboración no exclusiva de la seguridad pública.

Y es que bien estudiados los casos y las empresas, el resultado podría resultar exitoso. Sobre todo en municipios y comunidades en las que la presencia del Estado ha desaparecido y las policías son en el mejor de los casos inexistentes y en el peor están al servicios del crimen organizado.

Fórmulas similares se han estudiado en otras partes del mundo. Los retos son conocidos y la palabra “mercenario” aparecerá como primera reacción, pero mal utilizada.

Pero se trata de la aportación técnica y económica de la iniciativa privada para reclutar, capacitar y operar hombro a hombro con las autoridades locales que pasen por protocolos privados de control de confianza y puedan aportar a dos cosas. Primero a la erradicación de la violencia, a la culturalización cívica de una comunidad y al eventual relevo de las tareas de seguridad que finalmente le corresponden al Estado.

Claro está que la tipología de empresas de seguridad que pudieran brindar este tipo de servicios tendría que ser legislada y concebida cómo servicios especiales que distan mucho de las empresas de seguridad convencionales, que brindad seguridad física-perimetral o protección ejecutiva.

Y es que más allá de los miedos que algunos empresarios mexicanos puedan tener sobre el futuro político del país, el problema de la seguridad impacta más en la inversión extranjera que la especulación política. Al menos así lo han mostrado diversos estudios del BID y de algunos bancos de inversión como Goldman Sachs.

El potencial económico de México, especialmente tras las reformas estructurales del país como la energética, vale el riesgo de la seguridad para la mayoría de los inversionistas. Eso es bueno. Ahora imagínese usted, querido lector, que diéramos un salto cualitativo en materia de seguridad. Imagine que como país lográramos romper el momentum de la inseguridad con estrategias poco convencionales pero efectivas. Si fuera así, el potencial económico nacional tendría un auge sin precedentes a nivel interior y exterior. Sea electo quien sea electo el próximo 1 de julio, tiene que preocuparse por este lastre que hemos acumulado.

Porque entonces no sólo serán los empresarios mexicanos, sino el mundo entero el que le dé la espalda a México y entonces sí, no habrá complot, habrá decepción. Al tiempo.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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