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Opinión

Mientras los diputados del Congreso local continúan en un impasse en la discusión de la muy necesaria Ley de Movilidad en Nuevo León, nuevamente son las organizaciones de la sociedad civil las que presionan para que salga adelante la anhelada ley.

Durante una conferencia el día de ayer, David Pulido, representante del colectivo Pueblo Bicicletero volvió a mencionar la necesidad de que los legisladores se pongan a trabajar a fondo para destrabar la discusión y que conformen un dictamen en consenso.

Hay que recordar que actualmente existen cuatro iniciativas para la Ley de Movilidad, y en una de estas hubo participación de diversas organizaciones civiles.

Pero, a pesar de los mensajes de diversos actores en Nuevo León, la promulgación de una ley que ayude a mitigar la problemática de movilidad no está entre las prioridades de los diputados ni de sus partidos, pues a pesar de que el tema lleva meses atorado, no se ve para cuando.

Eso sí, los diputados han demostrado que cuando hay voluntad política, las cosas se pueden acelerar, tal y como ocurre con la modificación al artículo 106 de la Constitución local para quitarle la inmunidad al gobernador, la cual ya pasó por comisiones y hasta se comprometieron a sacarla en este periodo ordinario. Así las prioridades legislativas.

Escala conflicto entre centrales

Las declaraciones de taxistas afiliados a la facción de la CROC cuyo líder es Félix Coronado, y que acusan a la CTM Nuevo León de Ismael Flores, pone en evidencia una escalada de hostilidades entre ambas centrales obreras.

Resulta muy preocupante que los croquistas señalen que los cetemistas estarían relacionados con grupos de delincuencia organizada, afirmaciones motivadas por la balacera registrada el pasado martes en el estacionamiento de Plaza Fiesta San Agustín en el municipio de San Pedro, donde tienen su base los transportistas afines a Coronado.

Aquí los más perjudicados serían los usuarios de taxis, que de por sí ya no confían en el servicio y ahora además tendrán que extremar sus precauciones por presencia de personas armadas.

Lo más lamentable acerca de estas aseveraciones, las cuales ya fueron denunciadas presuntamente en la Fiscalía, es que anuncia que la hostilidades continuarán, justo cuando los diputados continúan el análisis de la Ley de Movilidad.

Los legisladores como Jesús Nava, tendrían que estar muy atentos respecto a este problema y la gravedad de los señalamientos de posible presencia de la delincuencia organizada en el transporte público.

¿Será este un factor que pueda beneficiar al transporte por aplicaciones?


* Esta opinión no refleja la del periódico
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