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Opinión

No se entiende el desgaste al que se está exponiendo el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, para mantener “escondido” el dron que compró la administración por 54 millones de pesos. Fue en marzo, hace cinco meses, que la Secretaría de Seguridad anunció la compra de la aeronave para combatir la inseguridad en la entidad, pero hasta el momento no ha entrado en operación y, no sólo eso, sino que prácticamente nadie lo ha visto.

La versión oficial es que la administración se encuentra en el trámite de los permisos, y que los elementos de seguridad están en tareas de capacitación para su operación.

Por todo esto, y ante la negativa del gobierno de mostrar el dron, han tomado fuerza diversas versiones sobre lo que realmente pudo haber ocurrido.

Existe información no confirmada de que la aeronave pudo haber sufrido una caída durante una de sus pruebas de operación, por lo que no está en condiciones para realizar sus tareas.

Sin embargo, existe otra versión, la cual indica que en una de las pruebas que se realizaron en los primeros días después de la entrega, el dron habría sido hackeado por un grupo criminal, y sólo habría sido recuperado después de unas horas.

Sería por esta última razón por la que la autoridad seguiría resguardándolo, ante el temor de que pueda repetirse.

Ante todo esto, la respuesta del gobierno es el silencio.

Alerta por nuevos ataques a Fuerza Civil

Los ataques contra la corporación de Fuerza Civil, que tiene destacamentos en municipios rurales en el norte de Nuevo León, tendrían que tomarse como preocupantes y alarmantes para el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua.

En menos de una semana se han registrado tres ataques contra oficiales de esta corporación en las localidades de Vallecillo, Parás y el último, ayer, en General Treviño, que sólo recuerdan los tiempos más álgidos de inseguridad que se vivió en este estado, sobre todo en 2011, 2012 y parte de 2013.

Estos atentados son un desafío de la delincuencia organizada contra la corporación policial, que vive una crisis de credibilidad, por lo que la iniciativa privada ha apoyado al gobierno de Jaime Rodríguez para certificar a los policías.

Sólo hay que recodar que los municipios del norte de Nuevo León son zonas “calientes” y su cercanía con el vecino estado de Tamaulipas los convierte en un territorio muy codiciado por el trasiego de droga y tráfico de migrantes de la delincuencia organizada.

Si los policías son intimidados, ¿qué podrían esperar los habitantes de estos municipios, quienes tienen que vivir con la zozobra de forma cotidiana?


* Esta opinión no refleja la del periódico
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