Nueva pugna legal de Sener

La Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle, ya prepara su estrategia por el control del gas natural

La Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle, ya prepara su estrategia por el control del gas natural

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Tras el duro revés que significó la suspensión de un juez federal contra la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), que establece que las empresas del país debían comprar gas natural exclusivamente a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Rocío Nahle, ya prepara su estrategia plan para impugnar la resolución.

Será en los próximos días que la dependencia presentará un recurso de revisión para apelar el resolutivo otorgado a 10 empresas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Entre los argumentos que plantea Sener es que el control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del Gobierno federal, por lo que irían por la inconstitucionalidad de la suspensión otorgada.

Sin embargo, esta pugna legal podría ir para largo, pues anteriormente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un análisis señalando que dicha disposición es anticompetitiva, pues le da ventaja a las empresas del Estado, afectando la competencia y a los consumidores finales.

CRE mantiene control de precios, de momento

Otra disposición que también se podría dirimir en el ámbito judicial es el control de precios de gas LP, establecido por la Comisión Reguladora de Energía en 2021 ante el aumento desproporcionado de los precios en el energético.

En días recientes, una empresa solicitó un amparo en contra de este control tarifario, sin embargo, este fue negado por el Juzgado Tercero especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

El juez que negó el amparo determinó que la CRE, con esta política, busca la protección del interés social, por lo que una suspensión terminaría afectando a la población por un posible incremento de precios.

De momento el regulador ganó esta, pero no parece que algunos de quienes se han visto afectados por este control cesen la pugna legal.

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