El pasado lunes, la Secretaría de Salud decidió presentar un recurso de revisión para no acatar la orden judicial de vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años de edad.

Esto, luego de que la juez Claudia Irene Gámez Galindo concedió una suspensión definitiva para que se incluya a los adolescentes de 12 a 17 años en la política nacional de vacunación.

En el fallo la juez establece que el derecho humano a la salud es universal, y señala que el desabasto de dosis no puede considerarse como una justificación para no inocular a las personas menores de edad.

¿Por qué la resistencia a vacunar a las niñas, niños y adolescentes en México?, ¿por qué negarles el derecho a la salud establecido en la Constitución?

Creer que las niñas, niños y adolescentes no se contagian de COVID-19, o que presentan menos daños, es una aberración; más aún si se cree que vacunar a un menor de edad o adolescente es quitarle la oportunidad a un adulto, como lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.

Noé Franco Pacheco, asesor jurídico y fundador del Despacho Asesoría Jurídica Victimal, ha señalado que, cada semana, llegan 400 amparos a los juzgados de Distrito de la Ciudad de México para solicitarle a la Secretaría de Salud que vacune contra el virus SARS-CoV-2 a menores de 12 a 17 años de edad.

Franco Pacheco afirma que son aproximadamente 3 mil amparos que han ingresado al área administrativa de la dependencia para la aplicación de la dosis.

En México, hay 14 millones de habitantes que tienen el rango de edad mencionado. Hasta septiembre de este año, 266 mil 400 niños y jóvenes menores de 19 años de edad contrajeron COVID-19 en todo el país; 10 mil 696 tuvieron que ser hospitalizados, y mil 002 fallecieron, de acuerdo con datos oficiales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha alertado que en México es “altamente probable” que haya una cuarta ola de contagios por el nuevo coronavirus en las próximas semanas. El mismo López-Gatell lo ha confirmado; sin embargo, la vacunación para niñas, niños y adolescentes sigue siendo una renuencia.

Si bien es cierto que ya han sido vacunados o están en proceso de ser inmunizados los menores con comorbilidades en el país, es necesario e indispensable que todos los adolescentes, niñas y niños se vacunen.

En tiempos de pandemia no se puede discriminar por motivo de edad ni violentar el derecho a la salud que mandata la Constitución, cuando de inmunización se trata.

No es posible que, frente al desdén de las autoridades, los padres de familia tengan que ampararse para que sus hijos e hijas puedan hacer valer su derecho a la salud. La resistencia del Gobierno federal es miserable y hasta criminal.