Hace unas semanas el titular de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la recuperación de la economía mexicana dependerá de si hay rebrote (sic) y de la aplicación masiva de la vacuna. Ello implica que, en la estrategia de recuperación, los estímulos a la inversión y al empleo no parecen figurar entre las prioridades de gasto para 2021 y que la pandemia seguirá siendo una variable considerada como exógena en el modelo, con el consecuente costo en vidas en caso de que algo salga mal con el tema de la vacuna.

De acuerdo con un reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (Monitor Fiscal. Políticas para la Recuperación), México es el país emergente que menos estímulos ha dado a su economía ante la crisis del coronavirus. Según el organismo internacional, nuestro país está siendo demasiado austero frente a la emergencia sanitaria, al dedicar hasta el momento solo el 1 por ciento del PIB a mitigar el impacto económico de la pandemia. Cifra que contrasta con el 6 por ciento que en promedio han gastado el resto de los países emergentes.

En el marco de la reunión anual de ministros de finanzas, el secretario de Hacienda argumentó que, a diferencia de los países ricos, el nuestro no está en condiciones de adquirir nueva deuda para enfrentar la crisis económica y sanitaria. “Nosotros no nos podemos dar esos lujos. No tenemos esos márgenes de maniobra ni sociales ni fiscales ni económicos. No hacemos, como ellos, todo lo que se necesite, sino todo lo que se puede” (Cullell, El País).

De acuerdo con varios especialistas, de prevalecer esta postura estaríamos desaprovechando la oportunidad para obtener financiamientos en las mejores condiciones posibles, con impactos financieros similares a las obligaciones prevalecientes, que podrían coadyuvar a la recuperación de nuestra economía. De hecho, sin pedir un solo dólar prestado, diversos organismos internacionales prevén que este año, la deuda pública mexicana crezca hasta 15 por ciento, es decir, el doble de lo que aumentó durante todo el sexenio pasado.

Recordemos que entre 2012 y 2018, la deuda pasó de 37.2 a 44.9 por ciento del PIB, un incremento de 7.7 puntos porcentuales. Si se confirma la caída de 10 por ciento del PIB este año, la deuda podría llegar a 59.2 por ciento del PIB. Lo anterior como efecto de una menor producción, pérdidas por disminución de la recaudación tributaria y el efecto de la depreciación cambiaria ya que la mayor parte de la deuda es en dólares.

Estaríamos hablando de un incremento de deuda similar al de otros países como México, con la diferencia de que ellos habrían aplicado estos recursos en paquetes de apoyo a Mipymes para aminorar los efectos en el empleo del confinamiento y la desaceleración económica.

Esta austeridad a toda costa nos podría llevar al peor de los escenarios: no aprovechar el margen de maniobra que tiene nuestra economía para endeudarse y poder financiar la crisis, y tampoco subirnos la “ola keynesiana” apoyada por los principales órganos financieros y agencias calificadoras que han relajado las recomendaciones de austeridad, terminando al final, endeudados de todas formas pero sin haber creado las condiciones necesarias para una pronta recuperación.

Desde el inicio de esta administración, uno de los principales compromisos del presidente fue no aumentar la deuda pública de México, promesa que muchos vimos con buenos ojos y que apoyamos sin reservas. Hoy que estamos en el preludio de una segunda oleada pandémica, mantener esta promesa podría ser devastador, no sólo para las finanzas públicas del país, sino para la salud de las y los mexicanos. Peor aún si el tema de la vacuna no prospera según lo esperado.