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Opinión

La representación de los integrantes del Ejido San Nicolás que estuvo la semana pasada en la Cuidad de México protestando en busca de la justicia, ya tiene a más de uno inquieto y preocupado en el Gobierno del Estado.

Los abogados de los ejidatarios podrían haber entregado una prueba que involucra al menos de forma indirecta a funcionarios estatales, a un notario y una magistrada, hablando sobre el litigio con algunos representantes del gobierno federal, un proceso judicial que tiene años entre el Ejido San Nicolás y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey por la indemnización de 200 millones de metros cúbicos de agua.

Al parecer el propio gobernador de Nuevo León se mostró muy interesado en lo que estuvieron haciendo los integrantes del Ejido en la Ciudad de México, y no le cayó nada bien que anduvieran reclamando el fallo del Tribunal Superior Agrario, que revoca la indemnización a los ejidatarios que anteriormente había otorgado el Tribunal Unitario Agrario número 20 con sede en Monterrey.

Además habría otra prueba que ya fue incluida en la denuncia que presentaron ante las autoridades y ante representantes de la Presidencia; se trata un audio que exhibe aparentemente la presión contra los magistrados del Tribunal Superior Agrario.

Por lo pronto en este caso ya existen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de los magistrados por faltas graves a sus funciones. Esta semana Presidencia se comprometió a darles una respuesta a sus demandas.

Policía investigadora para Escobedo

Ya que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio permite que una policía municipal pueda investigar casos del fuero común, el municipio de Escobedo, a cargo de Clara Luz Flores, anunciará que su corporación se enfocará también en este tema.

En los próximos días, la alcaldesa podría anunciar una policía investigadora que pueda llevar casos que ocurran en este municipio directamente ante la fiscalía para que la ciudadanía no tenga que esperar a que tomen el caso detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Esto podría bajar la carga que tienen los agentes estatales que investigan casos de robo, asaltos y violencia familiar y ayudaría, en teoría, a eficientar el proceso de procuración de justicia.

El verdadero reto será la preparación de un número suficiente de elementos que cuenten con una profesionalización en las técnicas de actuación, investigación y resguardo de pruebas, pues de lo contrario, este proyecto podría naufragar.

Los policías tendrán que tener suficiente conocimiento de este nuevo sistema de justicia, de lo contrario muchos delitos podrían acabar sin castigo si no se lleva un caso con suficientes elementos de prueba o si se violenta el debido proceso.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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