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Opinión

Está claro que Raúl Rocha Cantú, hoy refugiado en Miami para eludir la justicia, era el principal accionista del Casino Royale.

Él es el principal responsable de que este establecimiento no cumpliera con las medidas de seguridad y de protección civil hace un año, cuando fue incendiado por un comando armado de Los Zetas provocando la muerte de 52 personas.

Sin embargo, en torno a la operación de la casa de apuestas Royale, se armó toda una red de empresas y despachos jurídicos relacionados con ex funcionarios de alto nivel de la misma Secretaría de Gobernación.

Tras romper Rocha Cantú su relación con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, propietaria  del permiso federal con el que abrió el Royale, el casinero tuvo que buscar nuevos socios que le garantizaran viabilidad a su negocio.

Es aquí donde aparecen personajes oscuros y acusados hoy penalmente como Roberto Correa, ex director de Juegos y Sorteos de la Segob.

Está también el abogado Juan Iván Peña Neder, ex asesor de Segob y actualmente recluido en un penal de Michoacán, acusado por su propia esposa de violación.

Ellos están vinculados  a empresas como Juegos de Entretenimiento y Video Cadereyta  y Ferrocarril Endige, cuyos dueños se asociaron con Rocha Cantú para operar desde el 2011 el Casino Royale en Monterrey.

¿Quiénes están detrás de estas empresas en Monterrey?

Es uno más de los cuestionamientos sin respuesta que existen en torno al terrible atentado en el que perdieron la vida por asfixia y porr quemaduras las 52 personas.

Va como ‘los cangrejos’ con la iniciativa penal

Nuevo León no avanza en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, pero sí retrocede como los cangrejos.

Hace una semana el gobernador Rodrigo Medina envió una iniciativa de reforma para el nuevo sistema de justicia penal, un proceso que en Nuevo León no tiene el impulso que debiera.

Y hoy podrían subir al pleno del Congreso y aprobar esta iniciativa.

Con estos cambios, Medina pretende establecer incentivos para que, por ejemplo, los investigadores de la Procuraduría recurran a viejas prácticas.

¿Qué viejas acciones?…

Pues como la presentación de pruebas testimoniales de forma escrita ante el Juez, en las audiencias de los juicios.

Para la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Juicios Orales y Debido Proceso, que aglutina a organizaciones como Renace, México SOS e ITESM, este proyecto va en contra de la reforma constitucional del 2005 en materia de los juicios orales.

Las propuestas del gobernador son inconstitucionales, agrega el posicionamiento de estas Ong’s, en temas como derechos humanos, justicia para adolescentes y en materia del debido proceso.

¿No será que el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado no pudo con el paquete  y ahora necesita ajustar el marco normativo a su conveniencia?

Lo bueno que para esos quites está Iván de la Garza Santos,   claro, está ahí gracias a su hermano el procurador, y resulta que es responsable de la implementación de la reforma penal en la Procuraduría del Estado.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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