Los Generales en División
Para ser secretario de la Defensa Nacional, hay que ser un general de División. Sin embargo, hoy parece ser que en el sector castrense, los generales están en división.
El pasado 15 de mayo, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), generó una orden de localización y detención del general de División DEM en retiro Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier en activo Roberto Dawe González.
Rogelio VillanuevaPara ser secretario de la Defensa Nacional, hay que ser un general de División. Sin embargo, hoy parece ser que en el sector castrense, los generales están en división.
El pasado 15 de mayo, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), generó una orden de localización y detención del general de División DEM en retiro Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier en activo Roberto Dawe González.
Dicha orden fue completada por elementos del Ejército Mexicano. Los generales fueron llevados a las instalaciones del Campo Militar Número Uno para una revisión médica protocolaria y, posteriormente, a las instalaciones de la SIEDO, donde rinden declaración ante el ministerio público federal.
Miembros del crimen organizado ya procesados y testigos protegidos acusan a los generales de brindar protección y facilitar la logística de trasiego de drogas al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, hoy liderado por Héctor, “El H”, Beltrán Leyva luego del operativo que realizaran elementos de las fuerzas especiales de la Marina Armada de México, en el cual murió el entonces líder y hermano mayor Arturo, “El Barbas” o “Jefe de Jefes”, Beltrán Leyva.
Operación que se efectuara con inteligencia aportada por el gobierno estadounidense, según cables diplomáticos revelados por WikiLeaks y declaraciones no oficiales del subsecretario de la Defensa de Estados Unidos Joseph Westphal.
La especulación está en el ambiente. No se sabe el móvil verdadero de la detención de los dos generales. Especialmente del general Tomás Ángeles, ya que se trata de un reconocido mando militar con una trayectoria respetable que había pasado al retiro en 2008, luego de dos años de operar en materia de contrainsurgencia, lapso en el que se presentaron una serie de deficiencias.
Es por ello que para muchos no fue sorpresa que el hoy fallecido general Mario Arturo Acosta Chaparro haya sido exonerado para asesorar y operar en esta materia y fungir como embajador del presidente Felipe Calderón ante los cárteles del narcotráfico.
Un funcionario de la Sedena señala que el motivo de esta detención podría ser un boicot organizado desde dentro de la dependencia por un grupo de altos mandos que se han presentado como la élite militar que acompañaría al próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, el próximo presidente de México.
Para ex colaboradores cercanos del general, podría tratarse de un esfuerzo por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por desacreditar a este personaje castrense por las diferencias que habrían tenido años atrás.
No obstante, de acuerdo a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lleva años investigándolo y recabando información que supuestamente lo relaciona con la organización criminal de los Beltrán Leyva, específicamente con Alfredo, actualmente preso.
Si bien es cierto que este reconocido militar ha sido relacionado con el candidato Enrique Peña Nieto por su participación en un foro de seguridad de la Fundación Colosio, se sabe que, en realidad, era la carta fuerte de Andrés Manuel López Obrador para suceder al general secretario Clemente García Vega en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2006.
El arresto del general Roberto Dawe González, quien hasta el día de su detención fungía como comandante de la Vigésima Zona Militar con sede en Colima, parece tener una connotación diferente.
La supuesta protección al cártel de los Beltrán Leyva y el desencuentro que tuvo con el ex gobernador de Colima, el ya fallecido Silverio Cavazos, son referencias que presuntamente están en el expediente de la SIEDO.
Pieza fundamental en esta orden girada por la PGR es el testimonio del mayor Arturo González Rodríguez, detenido a finales de 2008 en Chiapas por filtrar información confidencial del Estado Mayor Presidencial a los Beltrán Leyva.
González Rodríguez perteneció al Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales bajo las órdenes del general Dawe González.
De acuerdo a las declaraciones del mayor detenido, el general le ordenaba dar de baja ciertas unidades militares de excelente rendimiento y leales al general para después venderlas como servicio de protección a civiles.
No se especifica si se trataba de guardias o “escoltas personales” para empresarios y/o de sicarios para la organización criminal trasnacional.
Un oficial de inteligencia que solicitó mantener su nombre bajo reserva comentó que existe información de inteligencia recabada por agencias de seguridad de Estados Unidos que relacionan a más funcionarios castrenses y navales con el crimen organizado.
Hasta ahora, los altos mandos de la Marina Armada de México han estado exentos de acusaciones.
Ésta es una de las razones por las que el gobierno estadounidense ha optado por estrechar su relación con la Marina.
Hay claras evidencias de que un alto porcentaje de los recursos destinados a las fuerzas armadas ha sido utilizado para mejorar el equipo táctico, las labores de inteligencia, así como los sistemas de comunicación, transporte y entrenamiento de la Semar.
Otra de las razones es la estrecha relación que tiene Pemex con la Secretaría de Marina porque esta dependencia forma parte estratégica del aparato de seguridad de las instalaciones petroleras.
Los elementos de la Semar también combaten el robo de combustible atribuido al crimen organizado.
Ahora bien, muchos testimonios señalan que, dado el despliegue naval en la costa este y noreste del país, territorio controlado por Los Zetas y el Cártel del Golfo, la institución naval podría haber sido infiltrada por el narcotráfico.
Varias fuentes señalan que si bien la Marina libra una feroz batalla contra Los Zetas, éstos también han causado bajas en la Semar.
Las mismas fuentes señalan que el líder fáctico del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo, “El Coss”, Costilla Sánchez, se ha relacionado con algunos mandos navales de bajo perfil en Tamaulipas.
Comentan que la Marina ha logrado establecer un diálogo con ese cártel, el cual ha sido debilitado en los últimos nueve meses.
Se ha fracturado, y una decena de sus capos ha cruzado la frontera para ingresar a Texas, donde buscan consolidar su base de operaciones y alejarse del fuego que impera en Tamaulipas. Esta situación ha propiciado la creación de dos grupos, Los Rojos y Los Metros.
El Cártel del Golfo cumplió una petición sobre un asunto que preocupaba a la élite de contratistas petroleros, a la Semar y a Pemex: la extracción ilegal y el tráfico de combustible.
Por eso, el Cártel del Golfo se ha mantenido, aparentemente, fuera de esta actividad. En cambio, Los Zetas obtienen altos ingresos con el robo de combustible.
Un funcionario de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) asegura que, en ocasiones, el combustible es utilizado como moneda de cambio para comprar armas y equipo de comunicación. De hecho, es bien sabido que Los Zetas cuentan con una sofisticada red de comunicaciones y vigilancia.
En los próximos días se definirá la situación legal de los tres generales acusados y detenidos.
El general Tomás Ángeles Dauahare se amparó para no declarar, y su defensa legal interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia por presuntas violaciones a sus garantías individuales.
Conforme se acerque la jornada electoral, dada la coyuntura política y el contexto en materia de seguridad nacional, el ambiente nacional se tornará más tenso.
Se pronostica que habrá más embates políticos, detenciones de operadores criminales y una escalada de violencia.
Los grupos del crimen organizado intensificarán sus esfuerzos por controlar plazas mediante la intimidación y mensajes efusivos, como las recientes ejecuciones masivas. Esto presionará al gobierno federal y a los candidatos a la Presidencia de México.
