¡Tu navegador no soporta JavaScript!
Opinión

El secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Manuel Vital, sigue pensando que para resolver la cada vez más preocupante situación de contaminación en Nuevo León -principalmente en el Área Metropolitana- bastan programas o proyectos paliativos que parecen más ocurrencias y anuncios mediáticos que políticas públicas basadas en un análisis riguroso de la crisis.

Ahora, el último ‘gran proyecto’ de Vital es la instalación de equipos de monitoreo móviles en algunas de las principales avenidas de los municipios metropolitanos, aunque el funcionario aclaró que el convenio para adquirirlos aún está inconcluso y que no tiene los detalles del funcionamiento de estos equipos.

Lo único que pudo adelantar Vital es que con este monitoreo se le podrán dar las evidencias a los diferentes municipios para que puedan apercibir o incluso sacar de circulación a los vehículos que generen emisiones contaminantes al medio ambiente.

Con este ‘novedoso’ sistema de monitoreo, ¿se le da un carpetazo a la verificación vehicular?

Hay que recordar que el el gobierno de Nuevo León cuenta con dos estudios realizados por el Centro Mario Molina, uno de ellos enfocado a la contaminación por partículas PM 2.5 y otro relacionado al desarrollo sustentable del Área Metropolitana de Monterrey, los cuáles por cierto no están disponibles para la ciudadanía.

Después de analizar los estudios, ¿de verdad la instalación de equipos de monitoreo para los vehículos es la mejor propuesta de Vital?

Cuestionan traslado de reclusos

La madrugada del día de ayer el gobierno estatal realizó el traslado de 119 internos (99 hombres y 20 mujeres) de los penales de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta hacia el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ocampo, Guanajuato y hacia el Cefereso femenil 16 en Cuernavaca, Morelos; un operativo que no fue dado a conocer sino hasta algunas horas después.

Esta reubicación de los reclusos se trató de la primer acción que se realiza como parte del proyecto del cierre del Penal de Topo Chico, y aunque el secretario de Gobierno, Manuel González, señaló que no hubo reclamo por parte de familiares, los cuestionamientos por la reubicación de los reos no se hicieron esperar.

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), solicitó al gobierno que informe oportuna y claramente a las familias de los internos y poder judicial sobre el plan de traslado (algo que hasta el momento no se ha hecho), además de que se entregue evidencia de que el penal de Apodaca e encuentre en condiciones de recibir a las personas que sean trasladadas desde Topo Chico.


* Esta opinión no refleja la del periódico
Comentarios