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Opinión

Es necesario destacar que en 2019, primer año del Gobierno de la Cuarta Transformación, se tomaron decisiones clave para el bienestar de la población mexicana, el desarrollo económico, social y político del país.

Sin duda, una de las primeras fue en lo que respecta a los hidrocarburos. Se llevaron a cabo medidas para terminar con el llamado “huachicoleo”. Una compleja red de tráfico de combustibles.

Con esta acción se logró reducir esta práctica ilícita hasta en un 94 por ciento, lo que representa un beneficio directo para las finanzas públicas ya que se lograrán ingresar alrededor de 3 mil millones de dólares anuales, con lo que se resolvió la mitad de los vencimientos de deuda que tendría Pemex para 2019 que ascienden a 6 mil millones de dólares.

Otra decisión acertada fue el decreto presidencial del Lic. Andrés Manuel López Obrador para terminar con la condonación de impuestos a las grandes empresas situadas en suelo mexicano, ya que, entre 2007 y 2018, se condonaron impuestos a 108 contribuyentes, que equivalen a 400 mil 902 millones de pesos a valor actual, unos 11 mil 100 millones de dólares, cifra que concentró el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales.

Para el Grupo Parlamentario de Morena la prioridad ha sido avanzar en sanear las finanzas, por lo que una de las iniciativas fue enfocada en realizar las medidas necesarias para eliminar las “empresas fantasma” y las facturas falsas que son un mecanismo complejo de corrupción para realizar fraudes a la Hacienda Pública de México desde la delincuencia organizada de cuello blanco.

Con base en información del SAT, hasta el mes de junio del 2019, se habían identificado cerca de 9 mil “empresas fantasma” para realizar operaciones simuladas, expidiendo más de 8 millones de facturas, que suman 1.6 billones de pesos. Es así como las “empresas fantasma” son el denominador común para estos actos de corrupción. El daño al fisco es equivalente al 5 por ciento del PIB nacional, por medio de contratos directos que el gobierno celebró para obras públicas.

Otro gran acierto en este 2019 fue la aprobación en comisiones del dictamen sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana en concordancia al mandato popular expresado en las urnas el pasado 1 de julio y asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Ley de Austeridad es de orden público e interés social, pues busca regular y normar las medidas de austeridad por las que será regido el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de los que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

La principal característica de esta ley, se resume en la frase “cero privilegios”, ya que establece una serie de medidas de ahorros en materia de salarios de los funcionarios del gobierno, de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos; así como, reducción de prestaciones respecto a seguros de vida y gastos médicos privados, plazas adicionales, vehículos, escoltas, viajes, uso de aeronaves, hospedaje, alimentos, publicidad del gobierno, entre otros.

Como legisladores al servicio del pueblo mexicano, uno de los objetivos de este 2019 fue para la Comisión de Hacienda del Senado de la República y el gobierno de la Cuarta Transformación, el combate a la corrupción, por lo que tenemos como propósito el equilibrio fiscal en el marco de un proceso de redistribución del ingreso con finanzas sanas y así reforzar la fiscalización acabando con estos escollos de corrupción que nos heredaron las anteriores administraciones.

En consecuencia, reafirmamos dicho objetivo que es nuestro compromiso y responsabilidad con México para el 2020 y los siguientes años de nuestra administración.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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