Por la vía rápida se dio trámite y aprobación en ambas cámaras federales a la reforma a la Ley Minera impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto, no estuvo exenta de polémica.
Pero, más allá de la politización tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y las diferentes posturas sobre si ya en la Constitución se establece o no la nacionalización del litio, lo cierto es que las modificaciones a la Ley Minera han generado muchas dudas entre especialistas en el sector, sobre todo por la forma en que estas pueden frenar, en la práctica, la correcta explotación del mineral.
Aunque habría que dar el beneficio de la duda, el hecho de que sea una empresa del Estado la que se encargue, de forma exclusiva, de la explotación, administración y comercialización del litio, no solo implica cerrar la puerta a los particulares, sino incluso obstaculizar una potencial industria.
La creación de esta empresa aún no está ni siquiera en papel, nos comentan; pero existe mucha incertidumbre acerca del acceso a la tecnología necesaria para el aprovechamiento del mineral; y quizá la parte más importante es que no hay claridad respecto al nivel de inversión que hará el Gobierno para poner en marcha a esta industria, considerando que se requiere mucho dinero y mucha paciencia para comenzar a ver frutos.
¿Será una apuesta seria y a largo plazo o se trata solo de un anuncio triunfalista?
Verificaciones a fondo
Una iniciativa presentada por el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, podría darle mayores atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar la calidad de los combustibles que se venden en las estaciones de servicio, la cual, en ocasiones, puede estar adulterada o ser de condiciones diferentes a las que se ofrecen.
Las razones detrás de la propuesta, que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos es que, entre el proveedor de la gasolina y el despachador de la estación, pueden presentarse irregularidades que permitan a la delincuencia introducir el combustible robado al mercado legal y permitir su venta al público.
Actualmente, la dependencia encabezada por Ricardo Sheffield tiene atribuciones para verificar que se vendan las cantidades completas que paga el consumidor, pero no así para determinar la calidad del combustible.
En este espacio se ha señalado que existen denuncias, no solo de la posible venta de combustible obtenido de forma ilegal, sino incluso que se venden gasolinas que no están autorizadas para su comercialización en zonas metropolitanas.
Habrá que esperar para ver si avanza esta iniciativa.
