El Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, reconoció públicamente la grave problemática del “huachicol fiscal” de hidrocarburos en la frontera norte del país y calificó como prioritario fortalecer los mecanismos de vigilancia en las aduanas de Colombia, en el estado de Nuevo León, y en las de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; puntos que han identificado de atención prioritaria para combatir este delito.

El funcionario advirtió, primero en un acto público, y, posteriormente, en una entrevista, que continuará el combate del contrabando de combustible, pues estas acciones se inscriben en el combate a la corrupción; política prioritaria para esta administración.

El reconocimiento y el esfuerzo que se está realizando en aduanas para evitar este flagelo es un paso muy importante para combatir la ilegalidad y las malas prácticas en el mercado de los combustibles; el tema no es menor, pues según Horacio Duarte, producto de la importación ilegal de combustibles, la hacienda pública deja de recibir, al menos, 60 mil millones de pesos en impuestos, aunque hay cálculos que indican que la cifra podría ser de hasta 200 mil millones.

Pero, además del desfalco en materia recaudatoria, este contrabando genera otros efectos negativos, ya que, quienes comercializan estas gasolinas ilegales obtienen una ventaja que les permite ofrecer precios por debajo del mercado, lo que afecta a aquellas empresas que operan legalmente.

Ahora, el siguiente paso es señalar a los responsables, funcionarios, transportistas, empresarios y gasolineros, para que haya realmente consecuencias, desde la cancelación de sus permisos o en materia penal.

Albazo y judicialización

Finalmente se consumó lo que era previsible, y el Senado de la República aprobó, sin cambios, la iniciativa de reforma para cambiar la Ley de la lndustria Eléctrica, enviada por el presidente López Obrador.

A pesar de la mayoría legislativa con la que cuenta Morena, el proceso de aprobación en la Cámara alta fue accidentado y contribuyó a aumentar la tensión entre la fracción guinda y la oposición.

Tras haberla pasado en fast track, en comisiones, el pasado lunes, había un acuerdo para llevar el dictamen al pleno para este jueves; sin embargo, aprovechando su mayoría, Morena operó para llevarla al pleno el pasado martes, y pasó por encima de la oposición, que nuevamente se quedó sin ser tomada en cuenta.

Ahora, el bloque opositor ya prepara su estrategia legal, que será intentar tumbar la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad, cuyo punto central, nos comentan, será enfocarse en cómo las modificaciones atentan contra la libre competencia, y esperan tener como aliado a la Comisión Federal de Competencia Económica en la batalla judicial que viene.