La Suprema Corte de Justicia de la Nación es por definición institucional el Máximo Tribunal Constitucional del país, “en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad”.

Bastó la tarde de ayer para cuestionar su actuación ante el “verde” del semáforo que le han otorgado al presidente para que realice la consulta sobre llevar a juicio a los expresidentes.

La decisión contundente pone dudas y polémica ante una salida política y no jurídica que al cambiar una pregunta convirtieron esta propuesta de consulta en constitucional.

Hay un sabor “agridulce” con esta discusión y votación que dejó en shock a más de una persona. A la vista de todos se dieron argumentos que si bien podrían ser razonables, lejos están de esa defensa de la Constitución que debería ser su facultad.

Se salieron por la tangente para cambiar la pregunta en una mucho más general, sin nombre ni apellidos, que es confusa, rebuscada y totalmente sesgada y cargada de un “sí” anticipado, igual que la pregunta anterior, pero está hecha a la medida de una votación a favor. Es decir, a la medida de la política.

¿Qué tendría que pasar para que la política pese más que la técnica jurídica? Muy buena pregunta. En tiempos donde necesitamos de objetividad, de criterio y argumentos de altura, de respetar la Constitución, hoy parece que en el escenario electoral hacia el 2021 eso no queda claro y se abre un nuevo frente político sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte.

Si no fuera así, entonces, ¿a qué se refiere la ministra Piña cuando afirma: “Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las que me dicta la Constitución?”

Sigo pensando que la justicia no se consulta.