La aprobación de la reforma a la Ley Minera para estatizar el litio solo llevará al país a una incertidumbre jurídica y económica. El empleo de miles de mexicanos que dependen de este mineral está en duda, lo mismo que la estabilidad financiera de millones de hogares.

Con la estatización del litio la cadena de producción de éste queda en manos del Estado, por lo tanto se monopoliza y con ello se pierden inversiones.

Pero no solo eso, la reforma a la Ley Minera también es inconstitucional, pues prohíbe las concesiones, algunas de ellas ya otorgadas, que sin duda, se resolverán en litigios.

Especialistas en geología aseguran que se desconoce cuánto litio existe en el país debido a la falta de capacidad técnica para su aprovechamiento, de infraestructura y del uso de la ciencia y tecnología, lo que puede provocar que el mineral se quede enterrado, de ahí la necesidad de la inversión privada.

Hace 43 años José López Portillo decidió estatizar el uranio mexicano y creó la empresa gubernamental Uramex, que se encargaría de su exploración y explotación; hoy está desaparecida. Lo mismo podría ocurrir con Litiomex, aunque no lo deseo.

Economistas afirman que al estatizar el litio están en riesgo los acuerdos comerciales con empresas extranjeras, algunos de estos derivados del T-MEC.

Tal y como lo explica en su columna en El Universal el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ricardo Ramírez Hernández, “la incorporación de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio como nueva actividad reservada al Estado constituye una clara violación a los compromisos contraídos en el marco del T-MEC y de otros instrumentos comerciales suscritos por México”.

Ramírez Hernández detalla que cualquier afectación o limitación a los derechos de los inversionistas deberá revisarse a la luz de los TLCs y APPRIs vigentes. “Tanto los inversionistas como los Estados que son socios comerciales de México, tienen un recurso para reclamar esta afectación o limitación en el ámbito internacional. Lo anterior incluye las propias reclamaciones Estado-Estado que los países pudieran iniciar contra México por esta misma razón”, señala.

La industria minera mexicana también está en zozobra ante la duda de qué pasará con las concesiones hasta hoy otorgadas; algunos corporativos mineros nacionales anunciaron que interpondrán amparos para frenar su aplicación.

Decir que con esta reforma se nacionalizó el litio es una mentira, porque esto ya está establecido en el artículo 27 constitucional, por lo que el litio ya es considerado de utilidad pública y su rectoría le pertenece al Estado, que tiene la posibilidad de suspender la explotación o concesiones mineras por decreto del Ejecutivo federal.

En resumen, la estatización del litio crea un monopolio, genera incertidumbre jurídica y provoca daños al medio ambiente. No cabe duda que, una vez más, un capricho lleva a México al pasado, a la pérdida de empleos y a la pobreza.