La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de liberar una recomendación contra el gobernador Rodrigo Medina y el alcalde de San Pedro Mauricio Fernández.

La CNDH le pide a la administración de Medina que lleve a cabo una búsqueda para localizar con vida a Jehú Abraham Sepúlveda Garza, o en su caso, entregue los restos de este ciudadano a sus familiares.

Sepúlveda Garza fue detenido en el 2010 por policías de San Pedro, entregado después a la Policía Ministerial, que a su vez lo remitió a la Marina.

Desde entonces no se sabe nada de este ciudadano y ninguna autoridad, ni municipal, estatal o federal, han podido explicar qué pasó con él.

En la recomendación, la CNDH le ordena al Gobierno del Estado que indemnice a la familia de Sepúlveda Garza por esta desaparición forzada.

La CNDH advierte que presentará una denuncia en contra de los agentes ministeriales y los policías de San Pedro que arrestaron a este ciudadano en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Real San Agustín.

Las autoridades estatales y municipales tienen 15 días para informar si aceptan o no la recomendación liberada por el organismo encabezado por Raúl Plascencia.

Multa de 7 mil 500 pesos

En el caso de Terralta hay mucho dinero en juego y todavía muchos asegunes.

Porque el juez Tercero de Distrito en Materias Civil y del Trabajo, Julio César Franco Ávalos, sancionó con una multa al prestigiado abogado Ernesto Canales Santos, presuntamente por haber actuado con negligencia en su función de conciliador en el concurso mercantil del caso Terralta.

Pero en un proyecto de millones de dólares la multa fue de 7 mil 479 pesos.

Así que hay quien dice en el medio del Derecho que esa sanción es realmente ridícula.

Que el monto habla de la calidad de la sanción, una multa que fue más por salir al paso, que realmente por fincar alguna responsabilidad contra Canales Santos.

Incluso, hay abogados que se atreven a asegurar que el juez en este caso solamente respondió con esa multa a las presiones que ha hecho la contraparte, los acreedores del proyecto.

Lo que sí es cierto, es que en el caso Terralta hay una máxima muy clara y que es la misma para todo tipo de negocios, sea de pesos o de centavos: “Aquel que prestó su dinero, merece que le paguen”.

Y aquí añadiríamos un dicho: “O todos coludos, o todos rabones”, porque si le pagan a uno, que le paguen a los demás.

Un error llamado Juan Carlos Ruiz

Hoy queda claro que fue un error designar a Juan Carlos Ruiz como coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, pero fue una doble equivocación mantenerlo en las negociaciones con el PRI.

La oscura cercanía que tenía Ruiz con el abogado Edelmiro Sánchez, el polémico operador del CEN del PAN, lo puso en desventaja con los priistas.

Ruiz entregó al PRI y a sus aliados el control de la comisión de Hacienda, la de Justicia y Seguridad, Educación y Transporte, y aceptó compartir la poderosa Cocri.

¿Qué pecadito le encontró la Procuraduría al ex dirigente panista?

Por cierto, Sandra Pámanes, dirigente estatal del PAN, se comunicó a esta redacción para aclarar que no existe ninguna intención de ella para incorporarse al gobierno de Rodrigo Medina como se dejó entrever en este espacio.

Pámanes comentó que quien filtró esa información pretende generar un ambiente de concertacesión con el Estado, que no existe.

Lo cierto es que dejará su cargo a finales de este mes y se perfila para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, con Margarita Arellanes.