La batalla legal de Sener

Las suspensiones provisionales en contra de la Ley de Hidrocarburos siguen cayendo en cascada y, de momento, la legislación, prioritaria para la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y para el propio presidente López Obrador, sigue frenada, con el riesgo de que le ocurra lo mismo a la política energética de la Sener.

Esta batalla en el terreno judicial ya estaba dentro de los cálculos de la 4T, por lo que ya se habían tomado previsiones y se habían analizado las distintas hojas de ruta, aunque en estos primeros días, conforme llegan las suspensiones, la postura es de cautela.

Ha sido la propia secretaria Nahle quien ha dejado abierta la posibilidad de hacer modificaciones necesarias a la ley para evitar más suspensiones y que se pueda implementar, mientras que la dependencia sigue litigando en las instancias correspondientes y cabildeando para hacerla realidad.

En el mercado, mientras tanto, se toman con reservas las suspensiones, pues sigue habiendo una gran incertidumbre por posibles arbitrariedades en cuanto a la autorización de permisos o, incluso, para la propia operación de quienes cuentan con permisos vigentes.

Además, tampoco se descarta que, de entrar en vigor la nueva ley, que supuestamente está pensada para combatir el contrabando de combustible y otras prácticas anómalas, se termine fomentando el mercado ilegal. Aún queda mucho camino para que el sector energético tenga claridad.

REVÉS PARA LA COFECE

En tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó la suspensión a otra controvertida ley, la de la Industria Eléctrica (LIE), recurso que solicitó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por considerar que afecta su esfera de competencias.

El tribunal argumentó que era inviable otorgar la suspensión en esos términos; sin embargo, sí admitió una controversia constitucional en favor del órgano autónomo, por lo que la Corte sí estudiará de fondo si con esta ley se atenta contra la competencia y la libre concurrencia en el sector.

Actualmente la LIE cuenta con suspensiones provisionales, después de que algunos particulares presentaran amparos; no obstante, la resolución de la solicitud de la Cofece a la Corte podría marcar el futuro de la implementación de la ley