Jaime “El Bronco” Rodríguez se dice indignado. El gobernador independiente de Nuevo León, el iluminado quien desde la ruptura con la partidocracia vendió a su electorado que los llevaría a la tierra prometida, está molesto y acorralado.

El más reciente escándalo exhibe cómo su sistema penitenciario es controlado por el crimen organizado.

Ninguna novedad, ni para Nuevo León ni para México, donde se sabe que los penales son un gran negocio donde se venden canonjías al mejor postor y se trafica lo mismo con telecomunicaciones que con droga a cualquier postor.

El problema es que al parecer el único que no lo sabe es el gobernador independiente de Nuevo León, a pesar de que en su primer año y medio ya lo bautizaron con dos motines en los penales de aquella entidad. Uno “de clase mundial”, que cobró la vida de 49 reos.

Pero a pesar de que en aquellos días de infierno, “El Bronco” prometió, pero no se ocupó, de una reestructuración total del sistema penitenciario, aquello quedó en puras promesas.

Ni el gobernador ni su secretario de Seguridad, el general Cuauhtémoc Antúnez, han sido  capaces de recuperar los reclusorios del control del crimen organizado.

Y la prueba más contundente son los videos que se dieron a conocer la semana pasada, en los que se exhiben a reos que son humillados y vejados –física, mental y sexualmente- por quienes de verdad son los dueños de ese territorio de “rehabilitación”.

La reacción de Jaime Rodríguez es, por decir lo menos, estúpida. El independiente cierra los ojos a la realidad y exige pruebas de lo que se está denunciando.

Como dice el dicho, “El Bronco” ve la tempestad y no se hinca. ¿Qué otras pruebas quiere, más allá de ver cómo un reo graba con un clandestino celular las indignantes escenas, que además incluyen las de un capo recientemente capturado que es sometido a prácticas sexuales forzadas por uno de sus rivales, también en reclusión?

Lo que tanto “El Bronco” como el general Antúnez deberían investigar, es quién o quiénes son los que venden los privilegios y territorios dentro de los penales de Nuevo León.

Es un secreto a voces que en sus penales se cobra por todo. Desde el trato preferencial, el respeto a la familia que los visita, los “derechos” para tener una televisión de plasma, comidas especiales, teléfonos celulares e incluso el consumo o el tráfico de drogas.

Por esos “servicios prestados”, se estima que alguien, en algún nivel del gobierno penitenciario –no sabemos si “salpicando” más arriba-, recauda cuotas que van entre los seis y los ocho millones de pesos mensuales.

Ese es el tamaño del negocio de los penales que tanto indigna a “El Bronco”. Esas son las pruebas que el independiente tendría que investigar para desarticular la mafia que él bien sabe que lucra perversamente con el dolor ajeno.

Si el gobernador se dice un político, muy ciudadano, ¿por qué no comienza por designar a un comité de expertos, académicos que le den un reporte de lo que en verdad sucede tras las rejas del Topo Chico y de Apodaca? Atórele, que se ocupa.