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Opinión
Índira Kempis

Quizá sentirnos inseguros ya sea una insana costumbre que hasta hemos dejado de sorprendernos. Probablemente, también nos aterre pensar que eso que se publica en los medios sobre algunos casos conocidos nos alcance.

Pero para el estado de Nuevo León esto no es nuevo. Hemos pasado por una larga década de violencia, frustración y desesperación. De ser un lugar relativamente seguro en su Zona Metropolitana y rural a prácticamente no poder ni contar cuántos delitos siguen impunes y se cometen a diario.

La muerte de un hombre joven en la Plaza Tanarah de San Pedro Garza García volvió a poner sobre la mesa del debate la pregunta, ¿qué hacer? Una duda que debería ser colectiva y en plural.

Claro está que, quienes hoy estamos en posiciones de Gobierno, tenemos una responsabilidad legal; más quienes están en la parte operativa de la seguridad y la justicia. No obstante, después de recorrer tanto en temas de seguridad ciudadana y derechos humanos, he de decir que este monstruo está tan alimentado de muchos factores que valdría más el entender que realmente la seguridad es un asunto de todos.

Por cada denuncia no hecha, por cada violencia solapada, por cada persona que no intercede por su comunidad o sus barrios para generar convivencia; por cada silencio vamos haciendo un efecto dominó interminable.

He de aceptar algo muy fuerte: la derrota institucional que tiene colapsadas a las autoridades. No hay policía ni leyes que alcancen una vez que la corrupción y la omisión se apoderan de las decisiones o voluntades de quienes tienen obligaciones de atención a la ciudadanía.

No estamos ante un problema público sencillo. Definitivamente, esto también ha rebasado nuestra capacidad de tener paciencia, de querer exigir nuestros derechos o el ánimo de confiar siquiera en nuestros vecinos. Me parece que en medio de esta crisis y, pese a ella, hay personas que han trabajado y lo siguen haciendo para que la paz tenga una salida a buen puerto.

Creando mecanismos de transparencia, participación ciudadana, convivencia, defensa de derechos humanos; diseño urbano, trabajo con las personas privadas de la libertad, la prevención de adiciones, entre otro sin fin de acciones, adentro y afuera de las instituciones gubernamentales sí podemos hacer algo.

No tendríamos que esperar a que esto avance más y no ha pasado así gracias al trabajo que poco vemos o reconocemos, pero que existe.

Por eso también entiendo que cuando cualquier alcalde hace un llamado a la colaboración, más nos valdría salir de las zonas de confort. Porque la seguridad no discrimina. Cualquiera de nosotros es susceptible a este terrible contexto que es síntoma de lo mucho que nos falta por hacer en este país, pero que no se va a resolver solo y sin nosotros.

Si hay inseguridad de nuevo –que no es así, simplemente, no se ha ido en ningún momento pero de repente le prestamos más atención– si tenemos esto que nos reta, habría entonces que “meter el hombro” que es la calidad de nuestra vida personal y colectiva la que está en riesgo. No le pensemos, hagamos algo.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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