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Opinión

En más de una ocasión las autoridades que en su momento se encuentran al frente del IFE, no descansan en declarar que esta institución es un ejemplo a nivel internacional. Pero lo que no informan es qué gobiernos de qué naciones o qué autoridades electorales de qué países indican que el Instituto Federal Electoral es un ejemplo a seguir en materia de transparencia, honestidad e imparcialidad.

El caso concreto de la opacidad o de la escasa transparencia con la que se manejan las autoridades del IFE (especialmente con los últimos dos Presidentes-Consejeros Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita), son los 100 millones de pesos que a partir del 2007 han “invertido” en un inmueble ubicado en Guadalajara, Jalisco, donde intentan establecer una Junta Local Ejecutiva.

Según la información (Reforma, 2 de febrero), el edificio se adquirió hace siete años en 66.7 millones de pesos; que durante todo este lapso lo han estado remodelando. Que cuando se realizó la compra-venta, Andrés Albo fungía como encargado provisional del IFE y el que manejaba la administración se llama Gustavo Varela Ruíz.

Ya con Valdés Zurita al frente de la ejemplar dependencia electoral y Fernando Santos Madrigal en la dirección ejecutiva, la remodelación del inmueble de marras empezó a registrar algunas irregularidades.

Por ejemplo, hace seis años tres empresas obtuvieron contratos por un monto de más de 20 millones de pesos, dinero que serviría para continuar la remodelación de lo que será, o sería, la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado de Jalisco.

Un año después (2009) de la entrega de la cantidad mencionada y para una segunda etapa de adecuaciones, alguien al interior del Instituto Federal Electoral autorizó proporcionar cerca de 11 millones de pesos “adicionales” a constructoras diferentes a las que recibieron más de 20 millones de pesos.

Y como se ha comprobado que es imposible tapar el sol, durante el 2010  en el IFE “descubrieron” que en el caso de la Junta Local Ejecutiva en Jalisco hubo irregularidades en el otorgamiento de contratos, que se incumplieron trabajos, que se pagaron muchas otras cosas sin mediar convenios.

Cuando suceden este tipo de irregularidades –corrupción se les llama en otros países–  nada más se mencionan los hechos pero se evita hablar de una investigación para castigar a quienes de “muy buena fe” echaron al caño 100 millones de pesos.

Los desbarres de Ugalde y Valdés Zurita

A propósito del IFE, Luis Carlos Ugalde, como exresponsable de esta institución ejemplar a nivel internacional, declaró (El Economista, octubre del 2012) que “el Congreso mexicano no funciona no por la falta de mayorías, sino por la ausencia de profesionalismo de sus senadores y diputados, por el nulo trabajo y el exceso de comisiones que se han creado en la actual Legislatura”. 

Los especialistas afirman que el señor Ugalde es el menos autorizado para hablar de profesionalismo y, mucho menos, del mal funcionamiento de uno de los tres Poderes de la Unión. Porque su lamentable paso por el Instituto Federal Electoral, dejó mucho qué desear. 

Sus expresiones no se limitaron a lo anterior. También expresó: “Yo creo que la razón por la cual el Congreso mexicano no funciona no es por la falta de mayorías, sino es por la falta de carreras parlamentarias”.

Poca memoria de quien ahora desconocemos a qué se dedica (nadie vive de sustentar conferencias), porque Luis Carlos Ugalde nunca hizo carrera como para llegar a la titularidad del IFE.

Todos sabemos cómo fue impuesto en ese cargo.

Él mismo lo develó (Letras Libres, diciembre 2008, José Antonio Aguilar Rivera) porque al explicar este detalle, Ugalde reconoció: “Todo era informal, discreto, poco transparente. Lo escribo años después con plena conciencia de que yo mismo fui beneficiario de ese método (haberlo sido no me impide reconocerlo). Desde el primer día como presidente del IFE  padecí sus consecuencias, que dieron pie a la sospecha y a la descalificación. Ya intuía desde entonces que el método de negociación podría causar, tiempo después, estragos y conflictos”.

En todo este asunto de los desbarres, Leonardo Valdés Zurita no se queda atrás. Primero estamos obligados a recordar que el año pasado esta institución electoral ejemplar  tuvo un presupuesto de 11 mil millones de pesos, cifra que exige excelentes resultados, cosa a la que todavía aspira la ciudadanía nacional.

Lo paradójico entre lo que Valdés Zurita manejó de presupuesto y su posición sobre la posibilidad de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, es que el exmilitante de la izquierda mexicana, dijo: “La transformación del IFE en un Instituto Nacional de Elecciones y la creación de una Ley de Partidos permitiría abaratar la democracia en México y destinar más recursos económicos a resolver otras necesidades que tiene el país”.

Ya fuera del cargo o hacia el tránsito a un incierto destino, Valdés Zurita  descubre que los gobiernos tienen muchos pendientes en lo referente a la democracia social  (esa de la que habla Pablo González Casanova, en su libro “La Democracia en México”), que hay pobreza y pobreza extrema, a la que nadie hace caso desde las esferas oficiales.

Pero en tanto tuvo a su disposición esos 11 mil millones de pesos, que recordemos no hizo referencia a una democracia barata o denunciara que nuestro país cuenta con una de las democracias más caras del mundo. Quizá por ello, sea ejemplar internacionalmente.

Sin la responsabilidad que tuvo, ahora Leonardo Valdés comenta que el análisis debe partir del reconocimiento a la heterogeneidad del perfil político de la República Mexicana, así como “de la cuestión económica y financiera, porque hay que señalar que la creación del Instituto Nacional Electoral implicaría una disminución significativa de los recursos para organizar las elecciones”.

…Hoy, este ex juez electoral, jamás consideró abaratar nuestra democracia clientelar ni referirse al problema.

Laura Esquivel, Alejandra Moreno ¿Y los partos callejeros?

Si los gobernadores quieren mantener en paz y tranquilos a sus estados, deben copiar el nuevo concepto de Seguridad Pública que prevalece en Oaxaca, con Gabino Cué y Alberto Esteva Salinas a la cabeza.

Primero hay que tener a un titular de la SSP con antecedentes penales, como es el caso de Esteva Salinas, lo cual no ha sido desmentido. 

Luego, hay que pedirle a los amigos o amigas que viajen a Oaxaca, con todos los gastos pagados, para que hablen bien del gobierno estatal, como es el caso de la escritora Laura Esquivel, quien se desbordó en elogios hacia el gobernador Cué Monteagudo, así como de la cercanía entre los cuerpos policíacos y el pueblo.

Y si con la señora Esquivel no es suficiente, entonces se recurre a Alejandra Moreno Toscano, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, quien aprovechó el “puente” y, en Oaxaca, casi dijo que la policía estatal es más o menos como la de Francia.

Desgraciadamente, Alejandra Moreno Toscano y Laura Esquivel olvidaron a las mujeres indígenas de ese estado que por negligencia oficial parieron en la calle. 

Eso no estaba en el guión oficial.

Un concepto de Luis de la Barreda Solórzano

“La opinión pública no siempre tiene la razón”, recién dijo Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (1993-2001), quien al hablar del caso Florence Cassez (Milenio, 2 de febrero), expresó:

“(Se) demostró un sistema de justicia penal deplorable. El Ministerio Público es de una ineficacia lastimosa. Los jueces y magistrados o no revisan bien el expediente o se dejan presionar por funcionarios”. Demuestra también que la opinión pública no siempre tiene razón.

La anterior declaración nos hizo recordar que como estudiante de la Preparatoria 1, De la Barreda tuvo como maestra de Historia Universal a María Teresa Landa, quien muchos años atrás, 1928, se convirtió en la primera Miss México. 

La breve historia tiene aspectos interesantes, pues en 1929, después de contraer matrimonio con el general Moisés Vidal, lo asesinó al ser acusado de bigamia. 

Por este crimen se integró un jurado popular para juzgar a la señora Landa, que fue defendida por el abogado José María Lozano, exministro de instrucción pública de Victoriano Huerta, logrando que el jurado la declarara inocente, pese a las pruebas en contra. 

Transcurrido el tiempo como profesional del Derecho, de la Barreda Solórzano definió a su maestra de Historia Universal, “como una narradora espléndida que exponía con intensidad los episodios de los personajes de la historia”.

Al tener conocimiento del hecho en que estuvo involucrada la ex Miss México María Teresa Landa, el expresidente de la CDHDF, incluyó este caso en una de sus obras titulada “Jurado seducido. Las pasiones ante la justicia”. 

“La opinión pública no siempre tiene la razón”, dice Luis de la Barreda Solórzano, pero olvida el término en latín que reza: vox populi, vox dei, así como uno que otro interés político para aplicar “ciegamente” la justicia.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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