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Opinión
Índira Kempis

Así, entre signos de admiración. A sabiendas que el diálogo político cuesta en un país donde no se nos enseña a tener razones, visiones y argumentos que se complementen en un debate de altura, anunciar que llegamos a un consenso en el Senado de la República es en sí mismo un gran logro democrático.

Pero más cuando esa decisión no se hizo sin tomar en cuenta a la sociedad civil organizada, académicos, expertos, víctimas, funcionarios públicos, artistas entre muchas otras personas que nos compartieron generosamente su experiencia, argumentos y visiones sobre la Guardia Nacional.

El uso del Parlamento Abierto fue indispensable no sólo para ese intercambio, sino para que eso que se debatió tuviera efectos mayores en la redacción de un nuevo documento que no planteará a ciegas la posibilidad de la militarización del país.

Esto es importantísimo porque sin ese proceso que salió en una semana (rápido para los tiempos de la burocracia) hubiera sido imposible gestar un acuerdo que sostuviera también la opinión de a quienes también les importa lo que íbamos a votar respecto a un tema tan delicado con diferentes aristas como el de la seguridad pública.

La determinación más relevante de que sí hubiera una Guardia Nacional pero de carácter civil con irreductibles muy precisos sobre su temporalidad, recursos, derechos laborales y fuero, fue posible como resultado de todas las personas afuera y adentro del Senado que nos interesaba que la Ley dejara en claro sobre la mesa las dudas sobre una posible regresión a la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto) o a la formalidad de una estrategia fallida (Felipe Calderón).

A pesar de lo álgido del calor de las discusiones, se logró lo impensable: Tomar en cuenta al Parlamento Abierto para que esto no fuera una simulación -que era en sí mismo una preocupación-; determinar el regreso de los militares (paulatino) a los cuarteles y ampliar la visión de una reforma constitucional que permite dar para mucho más. Y es que si ya estamos en estas de reformar la Constitución no hay necesidad de limitarlo al poco análisis que traía el dictamen de la Cámara de Diputados.

El respeto al federalismo, a la división de poderes, a las funciones propias de la seguridad pública, es también de lo rescatable. Tanto como el papel de los coordinadores, así como de las legisladoras mujeres que nos dimos a la tarea de “meter el hombro” para que esto caminara en la dirección que hoy no es punto final pero sí un punto de partida que podría darnos esperanza después de 12 años de vivir en franca guerra.

Ésta no es una batalla contra el presidente ni contra la milicia (al contrario, de ellos poco se habla y aunque hay violaciones a derechos humanos, también hay quien ha hecho un buen trabajo). Es más bien una batalla de paz para que la seguridad sea vista integralmente, los derechos humanos tengan un respeto absoluto y nos anticipemos de forma organizada a lo que existe en la realidad.

En esta batalla de paz, Clemente Castañeda, Emilio Álvarez Icaza, Kenya López Rabadán, entre muchos otros -sin ser precisamente los coordinadores políticos- fueron pieza clave para este diálogo que también hay que reconocer abrió Ricardo Monreal en la mayoría.

“Ganó la razón”, decía él también Senador Miguel Ángel Mancera…

Pero para personas como yo que hemos sido protagonistas en hacer la paz en medio de la guerra, sabemos que hay un dejo de esperanza en la decisión que tomamos este 21 de febrero en el Senado Mexicano: Guardia Nacional CIVIL.

¡Póngale muchos signos de admiración a una decisión histórica!


* Esta opinión no refleja la del periódico

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