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Opinión

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Javier Garza y Garza, está batallando para encontrar a algunos exfuncionarios señalados como parte de la investigación para esclarecer el caso de las “broncofirmas”.

Y es que 72 de los 572 servidores públicos simplemente no han podido ser localizados para dar su versión de los hechos.

Durante el informe que presentó ante los diputados locales, el fiscal Garza señaló que ya han declarado 500 de los 572 señalados, pero que los restantes son personas que aparentemente ya no viven en Nuevo León, que ya no trabajan en la administración estatal y que por tanto no son ubicables.

Eso sí, ya se han girado oficios de colaboración a autoridades de otros estados para localizarlos.

Un detalle que llama la atención es que la mayoría estaban adscritos al Programa Aliados, el cual dependía directamente de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Manuel González, quien junto con Jaime Rodríguez Calderón enfrenta un proceso en el Congreso local que inclusive podría llevar a su destitución, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra.

En su momento, este programa fue señalado como un intento, tanto de “El Bronco” como de Manuel González de construir su propia maquinaria electoral, que operaba directamente el secretario de Gobierno.

Otro punto a tomar en cuenta es que las declaraciones del fiscal sobre que la mayoría estaban adscritos a Aliados refuerzan la hipótesis de que el más expuesto a la sanción es el propio Manuel González, pues no sólo se encontraba como gobernador en funciones en el momento de la falta, sino que es el superior jerárquico de los trabajadores que durante días y horas hábiles se dedicaron a recabar apoyos para la candidatura independiente de “El Bronco”.

Fasci intensifica limpia en Fuerza Civil

Tras la detención de tres elementos de la corporación Fuerza Civil, señalados por su presunta participación en el delito de privación de la libertad, la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Aldo Fasci, ha intensificado la “limpia” en esta institución.

No se trata de casos aislados, ya que en lo que va de 2019 existen más de 200 procesos judiciales en curso en contra de policías por diferentes irregularidades.

Toda esta controversia ha impactado en la dependencia, pues aunque Fuerza Civil se ubica entre las corporaciones estatales mejor calificadas, lo cierto es que la colaboración con las Fuerzas Federales y con los mandos militares para combatir la inseguridad sí se ha visto afectada, principalmente porque existe desconfianza.

El secretario Fasci recalcó que está investigando detenidamente a todos los elementos, no sólo por actos de corrupción, incluso por multas, pues el proceso de limpia va en serio, al menos de palabra.

Habrá que esperar los resultados.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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