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Opinión
Índira Kempis

En este país tenemos una crisis de violencia. Cuando nos frenamos a analizar cada uno de sus elementos nos encontramos con el género. Hablar del delito de feminicidios es remontarnos a una historia de desigualdades por la que pasamos las mujeres. No sólo es determinar las causales de un asesinato por razón de género. Va más allá.

Por eso, cuando la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su titular, Alejandro Gertz Manero, propuso eliminar el tipo penal del feminicidio, las mujeres que han dado una batalla de décadas por prevenir y erradicar la violencia contra nosotras, dieron la “desconocida”.

Causa molestia no por capricho, sino por la falta de sensibilidad ante las circunstancias hechas y provocadas por una sociedad en donde la vida de las mujeres es menospreciada. Pero, sobre todo, en donde una lucha histórica ha ido ganando derechos que ponen el foco de la atención en frenar tales rezagos y desigualdades.

Desde la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República se emitió un comunicado con esas precisiones, señalando el retroceso que representaría.

El contenido textual señala: “La propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado, por ello, aun cuando se busque garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el espíritu del artículo no permite alcanzar esos fines, ya que el homicidio es cometido por razones de género”.

También se menciona otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se afirma que los asesinatos por razones de género deben considerarse como feminicidios.

Hasta ahora esta propuesta no ha sido formalizada. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, también rechazó la propuesta e, igualmente, propuso que se puede abrir el debate hacia un Código Penal único.

Ha costado muchas vidas llegar hasta este punto. Increíble que incluso en Nuevo León haya habido voces y hasta intenciones en el mismo sentido, mencionando que “es un privilegio” que se clasifique por razón de género el delito.

Mientras tanto las cifras no mienten y se disparan. Las raíces de estas consecuencias trágicas para miles de mujeres, están en violencias que escalan sin freno. El Estado está entonces para proporcionar todas las herramientas que permitan cerrar brechas de desigualdad, que podemos tener acceso a la justicia, que exista reparación del daño, pero sobre todo y ante todo, resolver cada caso para no permitir que suceda.

En un panorama de sombrío machismo, no debemos quedarnos calladas. No debemos dar un paso atrás en la búsqueda de los derechos. Porque en este país, como en otros, siguen matando mujeres por el hecho de ser mujeres. Por cada una de ellas hay otros círculos de impunidad, de impactos sociales negativos, de daños emocionales que no se cierran.

De ahí que debamos de ver con los ojos de quienes lo viven para mostrar mayor empatía y dejar de pensar que es por “capricho”. Sólo se trata de la realidad que nos rebasa y de solucionar lo que hoy sí es un problema para las mujeres en todas partes del país. Y, aunque en Nuevo León se prestó al “debate”, no sobra mencionar que ocupamos los primeros lugares en feminicidios.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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