Sin duda alguna, para un desarrollo óptimo hacia el futuro, México necesita de energía eléctrica para todos, sin excepción, de producción limpia y sustentable y con un suministro eficiente y confiable, a costos accesibles e incluso con subsidios al 100 por ciento, para quienes no pueden pagarla, como es el caso de las regiones más pobres de nuestro país.

La forma de garantizar que esto suceda rebasa cualquier proyecto energético e ideología política, por atinado o adecuada que parezca, si no se tiene como parámetro y límite de acción la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

De ahí la importancia de la propuesta para elevar a rango constitucional, como derecho humano, la energía eléctrica, realizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en voz de su presidente, Omar Fayad Meneses, mandatario de Hidalgo, en el marco del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados.

Incorporar y aprobar esta propuesta en el Pleno de la Cámara de Diputados, significará, en primera instancia, darle prioridad en el Estado de Derecho a la generación y distribución de energía eléctrica para un desarrollo sustentable con una visión humanista.

En segundo lugar, pero aún más importante, darle un curso predeterminado a todo proyecto, decisión y acción en materia de electricidad, pues de acuerdo con el artículo 1° constitucional, en la generación y distribución de la energía eléctrica, como derecho humano, privaría el principio “pro persona”, es decir, el criterio de la más amplia protección y el mayor beneficio para cada ciudadano de este país que deba recibirla, si ninguna exclusión.

Con ello, además, pondríamos en manos de la ciudadanía, en el ámbito de la exigencia de respeto a sus derechos humanos, toda decisión y acción, gubernamental o privada, relacionadas con la electricidad. Este muro de contención se hace hoy indispensable.

Más allá de ideologías, discursos, criterios económicos y aspectos técnicos, la generación y distribución de energía eléctrica debe ser protegida y garantizada como base del goce y ejercicio de nuestros derechos fundamentales, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad.

Universalidad: los derechos humanos son para todos, sin excepción.

Interdependencia: estar estrechamente relacionados entre sí, contenidos en el concepto de dignidad humana. La violación de uno de ellos repercutirá en la transgresión de los otros.

Indivisibilidad: no pueden fragmentarse. Cada uno es una totalidad.

Progresividad: ningún derecho humano es estático. Su goce y ejercicio está siempre en desarrollo, por tanto, el Estado deberá garantizar las mejores condiciones para que esto se cumpla.

La energía eléctrica es sinónimo de vida moderna y progreso para nuestro país. Sin ella no podríamos hoy sostener los niveles de goce y ejercicio de nuestros derechos humanos.

Apenas, quizá, conservaríamos la vida, pero no la seguridad ni la libertad, por ejemplo. Es imprescindible, por tanto, que la particularicemos en la Constitución como un derecho humano fundamental.