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Opinión

Me gusta la historia y tuve buenos maestros. Ahora que estoy en el Senado de la República valoro la oportunidad de defender derechos. Por estos lucharon muchas personas, se derramó sangre para que, al menos en letras, pudiéramos alcanzar las aspiraciones profundas de lo que significa vivir en una República democrática, representativa y federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es cosa menor. Y uno de los artículos que más nos sabemos es justo el que está a debate en el Congreso de Nuevo León. El artículo 3, que afirma que la educación en México es obligatoria, laica y gratuita. No se necesita ser erudito para tener claridad de lo que eso significa.

Sobre todo de lo que significa la palabra “laica”, es decir, que la educación se brinda formalmente desde el Estado y no está basada en ninguna doctrina religiosa, a su vez que no discrimina el acceso al conocimiento por credo o religión.

Benito Juárez lo explicaría de forma sencilla. El Estado y la Iglesia deben estar separados. O, si usted cree en Jesucristo, también encontraría que “lo que es del César al César y lo de Dios a Dios”.

Porque de lo que se trata es de tener esa democracia donde cabemos todas las personas y tenemos los mismos derechos, pero sobre todo donde se garantiza el acceso a la educación, ésta que bien sabemos es el fundamento del desarrollo de cualquier civilización.

Increíble que en pleno siglo XXI se esté poniendo a discusión esto que es cómo renunciar a la memoria que ha dejado esa lucha histórica. Porque no se trata de ir en contra de las creencias ni de la educación formativa de los padres y las madres, mucho menos de “meterse con la educación de sus hijos e hijas” porque en este país la esclavitud está abolida y nadie es dueño o dueña de nadie.

Se trata de no dar pasos hacia atrás que abran caminos hacia los discursos de odio, la discriminación, los prejuicios y, ante todo, la ignorancia del conocimiento científico que en la actualidad es necesario para tomar decisiones individuales.

La base de la iniciativa del Pin Parental no es otra más que contraria a lo que se establece como garantías individuales en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. A estas horas de avance científico y derechos emergentes, lo de menos es discutir si la tierra es plana o si la ideología de género y la educación sexualizada existen, porque eso sería regresar al oscurantismo.

Lo más importante es no desprendernos del camino hacia el Estado de Derecho que ampara nuestras libertades. Que establece como prioritario el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes al acceso a la educación obligatoria, laica y gratuita (lo repito para que no se nos olvide).

En el momento en que escribo esta columna no le alcanzan los votos al diputado promovente y, confío, en que no pasará porque no es mi capricho personal, no es parte de una moda, no es una intromisión “ideológica” en las decisiones de las madres y padres de familia, no es una revancha partidista, no lo es.

Es una búsqueda y lucha histórica porque en este país tengamos una de las más nobles garantías: educación con base en conocimiento científico. Eso como ciudadanía y como legisladores es lo que tenemos que defender sin dar un sólo voto para regresar años de historia hacia atrás.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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