Nuestra Constitución Política establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de ellos en una sola persona, sin embargo, vemos con desaliento que en la actual legislatura, se le ha entregado al titular del Ejecutivo federal la facultad de dictar la agenda parlamentaria en nuestro país.

Esta semana, después de casi un mes sin sesionar y con una agenda de aproximadamente 50 iniciativas y casi 130 puntos de acuerdo, el partido oficial en el Senado de la República, haciendo uso de su inminente mayoría, aprobó únicamente la Ley de Amnistía, y con ello, dejaron de lado a los millones de mexicanos que día a día se enfrentan a una crisis económica, de salud y de desempleo como consecuencia de una pandemia que no ha sido tomada con la debida responsabilidad por las autoridades.

Cabe recordar que desde el 11 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó dicha ley y la remitió al Senado de la República para su análisis y en su caso aprobación. En cuatro meses, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda no convocaron a sus integrantes a realizar el estudio exhaustivo que este proyecto merecía, pero de un día a otro, se convirtió en una prioridad del señor presidente y en consecuencia, de los legisladores de Morena y sus aliados.

La recién aprobada Ley de Amnistía consta de ocho artículos y tiene por objeto extinguir de la responsabilidad penal a quienes se encuentren en proceso o hayan recibido una sentencia por un juez federal, por la comisión de delitos como el robo simple y sin violencia que no amerite pena privativa de la libertad mayor a cuatro años; a quienes por su condición de extrema vulnerabilidad, discapacidad o pertenencia a una comunidad indígena o afromexicana hayan sido incitados o instigados por grupos delictivos a cometer un delito contra la salud; quienes hayan cometido el delito de sedición siempre que no se trate de terrorismo, no hayan privado de la libertad o la vida a otra persona o hayan utilizado armas de fuego; y a quienes hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal sin fines de distribución o venta.

Como todo proyecto de ley era perfectible, por lo que algunos legisladores de oposición hicimos uso de la tribuna para mejorar dicho ordenamiento, sin embargo, nuevamente nos topamos ante oídos sordos por parte de los legisladores del partido oficial de Morena, a quienes no les importa emitir instrumentos legislativos que protejan o garanticen de verdad el respeto de los derechos, sino únicamente obedecen al ejecutivo federal y con ello, abandonan a todos los mexicanos.