Justo debajo de nuestras narices, mientras debatimos y nos desgastamos por las reformas energéticas y fiscales, están abriendo la caja de pandora 32 mexicanos a los que parece importarles poco lo que sucederá con el futuro económico del país.

Son nuestros elegantes gobernadores, que cada día que pasa aprenden nuevos trucos políticos para gozar de más privilegios y menos responsabilidades.

Ya sea persuadiendo, escondiendo o mintiendo, salvo contadas excepciones, la mayoría han logrado endeudar a las próximas generaciones de sus compatriotas a cambio de una nómina más gruesa y en muchos casos, una lujosa vida personal. 

Entre el 2008 y 2011, la deuda de los estados creció a una tasa real de 67.9 por ciento, de acuerdo con un análisis de la Auditoría Superior de la Federación en el 2012. En cambio, durante el mismo periodo, las remuneraciones reales promedio de los mexicanos comunes y corrientes han incrementado tan solo 3.95 por ciento.  

Y todos los partidos son culpables, evidencia de que se trata de un problema de incentivos, más que de ideología política.

Andrés Manuel López Obrador incrementó en 51 por ciento la deuda del gobierno del Distrito Federal desde el principio al fin de su mandato. 

En Sinaloa, el “conservador” PAN emitió 40 por ciento más deuda en el segundo año de la administración de Mario López Valdez, y ni se hable del PRI, que logró sorprender a un país entero con una deuda escondida en Coahuila. 

Pero además de gastadores, los 32 tlatoanis modernos lucen su falta de transparencia. 

El caso más reciente es el de Rodrigo Medina, gobernador por el PRI en Nuevo León, que vetó una ligerísima ley de transparencia y deuda pública propuesta por los partidos de oposición en el Congreso local. 

Congreso que, vale la pena recalcar, dejó de ser priista en las elecciones pasadas en gran parte por los hábitos de gasto y la negligencia del gobernador en temas prioritarios como la seguridad.

Entre otras cosas, el mandatario estatal se niega a “informar sobre el destino, plazo y tasas de los préstamos a contraer’”, dar a conocer “las cuentas tanto del Estado, los organismos descentralizados y la deuda con proveedores’” y limitarse a un tope de deuda sustancialmente por encima del reportado hace apenas unos meses.

¿Qué hemos recibido a cambio quienes pagaremos esa deuda?

Para empezar, un aparato burocrático más grande. En promedio, casi 7 de cada 10 pesos que gastan los gobiernos estatales van a pararse a cuenta corriente, es decir nóminas y beneficios personales. 

Lo que significa que ahora los ciudadanos, hasta quienes cuidamos nuestro dinero responsablemente, no solo “donamos” hasta un tercio de nuestro salario a mantener a servidores públicos, incluyendo sus viáticos y comidas en restaurantes, sino que además estamos endeudados por muchos más años de los que dura una administración. 

Desde luego el clan de gobernadores argumentará que los resultados, y no el destino del gasto, es lo importante. Pero en ese aspecto, también dejan mucho que desear. 

El escándalo es doble: nuestros gobiernos estatales no solamente gastan ineficientemente nuestro dinero sino que además nos obligan a pagar cada vez bajo peores condiciones pasivos que ni queremos. 

De mucho podemos culpar a los gobernadores, menos de falta de perseverancia, pues nada ha logrado quitarles su mayor motivo de orgullo: el privilegio de endeudar a su gusto a millones.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se niega a informar sobre el destino, plazo y tasas de los préstamos a contratar por el Estado.

El panista Mario López generó 40 por ciento más de deuda en su segundo año como gobernador de Sinaloa.Andrés Manuel López Obrador incrementó en 51 por ciento la deuda del Distrito Federal cuando fue Jefe de Gobierno.