¿Sabías que la beneficencia pública se puede quedar con tu dinero? ¡Sí! Tal cual lo estás leyendo. Por desgracia esto que suena a latrocinio tiene fundamento en el Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En ocasiones he escrito que a veces dudo de mi coeficiente intelectual pues no logro entender el proceder de mucha gente, particularmente de los que, para mi mala suerte y la de muchos más, han gobernado este país en su turno correspondiente.

Y para muestra un botón. En referencia a los recursos que tengamos depositados en un banco el citado artículo señala en su primer párrafo que los: “…que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global…”, y remata en su último párrafo diciendo que si no muestran con: “… movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal [sic], prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública…”

Resumiendo, resulta que si en seis años no hago movimientos en mi cuenta y su saldo es cercano a $40,000.00 o menos (cifra estimada para octubre de 2020), los recursos se los queda el gobierno. A todas luces esto es un atropello que nadie me ha podido explicar y miren que he tenido la oportunidad de conversar con legisladores y con altos mandos gubernamentales del sector financiero. A todos ellos también les parece fuera de lugar esta situación, pero hasta la fecha, el artículo sigue sin modificarse.

Para las personas que tenemos la fortuna de seguir en el campo de batalla laboral lo más seguro es que no pasen seis años sin que haya movimiento en nuestras cuentas bancarias, pero hay mucha gente que, por edad, desconocimiento, incapacidad o razones diversas, corre el riesgo de que le quiten parte de su patrimonio y eso, a todas luces, es totalmente una arbitrariedad. ¿De verdad no se dan cuenta de eso quienes tienen la responsabilidad de legislar en México?

Este es un llamado a la actual administración pública para que cambien este famoso artículo 61 y revisen muchos temas más que atentan contra los más necesitados. No es un principio de política barata sino de simple y llana justicia.

Recuerda: “No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar”.