Después de las recientes elecciones, sin duda hay que destacar que el árbitro electoral cumplió con su responsabilidad legal. Tanto el INE como los OPLEs, demostraron que sin ellos no se podrían llevar a cabo comicios libres, imparciales, legales y certeros. Ahora habrá que defenderlos de los embates del Gobierno federal.

A quien también hay que defender de los nexos del presidente López Obrador con el crimen organizado, es al pueblo de México.

La semana pasada, dos actores políticos de gran carrera afirmaron que este Gobierno tiene un vínculo con el crimen organizado. Y aunque el Presidente intente desvirtuarlos, la realidad es que sí los tiene.

No se trata de campañas orquestadas, existe un vínculo público y notorio entre las bandas del crimen organizado y el primer mandatario de este país. Fíjense nada más, defiende a los delincuentes, los abraza, los protege, y pacta con ellos para ganar elecciones. No tiene vergüenza ni mesura.

Hace unos días, justo antes de las elecciones, el presidente López Obrador minimizó la presencia de civiles armados en un retén que detuvo a los medios de comunicación que cubren la fuente Presidencial y dijo que se armó “un escándalo”.

Y claro que es un escándalo. Es un escándalo que al jefe del Ejecutivo federal le parezca normal que hombres armados instalen retenes en las carreteras de México, que lo hagan sin ningún control, y que además, retengan a cualquier persona.

Dar su aval a los retenes de la delincuencia organizada en caminos y carreteras es la mayor muestra de su claudicación ante los criminales.

La presencia del crimen organizado en las elecciones es preocupante.

Vulneraron una y otra vez los derechos políticos de los mexicanos, queriendo impedir que se llevaran a cabo comicios de manera libre. En conclusión, quieren concentrar todo el poder porque no les gustan las voces disidentes.