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Opinión

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón está dispuesto a todo con tal de salvar de cualquier forma la imagen en el tramo final de su gobierno, aunque eso implique contratar a los excolaboradores de su antecesor.

Ahora, en el último tercio de su sexenio, y con unos niveles de popularidad que difícilmente podrían ser más bajos, El Bronco ha dejado la imagen y difusión de su gobierno en manos de la consultoría en comunicación Tarín Contreras, la que estuvo detrás de la campaña de lanzamiento y reclutamiento de Fuerza Civil, durante el sexenio de Rodrigo Medina.

Tras la salida de Guillermo Rentería, su publicista de cabecera desde la campaña a la gubernatura, estuvo buscando las mejores opciones para el relanzamiento del último tramo de su mandato, y finalmente se decidió por Tarín Contreras. Fue Diana Luisa Adame Castillo, coordinadora General de Comunicación Social del gobierno estatal, la que realizó la contratación.

Esta consultoría, además de colaborar la imagen del lanzamiento de Fuerza Civil, también ha trabajado en campañas de comunicación de Distrito Tec, el Consejo Cívico, Mesa Metrópoli Monterrey y de la Iniciativa Nuevo León, Cómo Vamos.

También fue esta empresa la que estuvo detrás de la imagen de la campaña del hoy alcalde sampetrino Miguel Treviño.

Su primer tarea con “El Bronco” será la preparación de la imagen y los spots rumbo al cuarto informe de gobierno del mandatario estatal.

A pesar de lo crítico que ha sido con el exgobernador, Rodríguez Calderón termina confiando gran parte de su imagen al expublicista de Medina.

¿Qué sigue, que contrate al exvocero del priista?

Falla Congreso en protección de datos

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) dio entrada al trámite de una denuncia en contra del Congreso local por divulgar datos personales de un ciudadano, información que no fue protegida.

El Poder Legislativo tiene público el domicilio, teléfono celular y copia de credencial electoral de Alejandro Gómez Montemayor, quien había presentado una iniciativa de ley que fue recibida por la Oficialía de Partes. El expediente es el número IDP/0032019.

En caso de comprobarse que el Congreso violó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que es una situación grave, recibirán una multa que podría llegar a los 3 millones de pesos.

Nos aseguran que sería la primera demanda de este tipo en Nuevo León. Así que cuidado para los municipios metropolitanos y hasta para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que aún continúan datos personales de los ciudadanos.

¿El personal jurídico que trabaja en estas dependencias estará consciente de esta ley?


* Esta opinión no refleja la del periódico
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