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Opinión

Esta semana comienza la disputas por distintas Comisiones del Congreso local, en donde varios diputados ya alzaron la mano.

La renuncia del diputado Arturo Bonifacio de la Garza de la bancada de Morena para irse a la de Movimiento Ciudadano, abre la puerta para que pueda ajustarse la Comisión Anticorrupción, misma que está bajo el acecho de la legisladora Celia Alonso Rodríguez, del partido guinda, pues siente que esa posición le sigue correspondiendo a su partido.

Pero además el legislador Juan Carlos Leal, quien quedó automáticamente como coordinador del PES al ser su único integrante, estaría peleando la Comisión de Juventud, que preside actualmente Tabita Ortiz, quien también se fue a la bancada de MC.

Todo apunta a que los movimientos se darán en los próximos días y en algunas posiciones ya existe un acuerdo entre coordinadores entre ellos, Carlos de la Fuente, Francisco Cienfuegos, Juan Carlos Leal, Ivonne Bustos y Ramiro González para efectuar varias rotaciones ante la recomposición de bancadas.

Actualmente la legisladora Celia Alonso Rodríguez no preside ninguna comisión dentro del poder legislativo, lo que la hace candidateable para dirigir la Comisión Anticorrupción, ya que sus otros compañeros de bancada si presiden algunas comisiones.

Arturo Bonifacio de la Garza sería destituido de la presidencia de la Comisión en la cual también se está viendo el juicio político contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, entre otros temas espinosos.

En el interior de Morena Nuevo León, el legislador Arturo Bonifacio de la Garza, faltó al dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, el cual dice “No robar, No Mentir y No Traicionar”, cosa que el legislador de la Garza no cumplió y ese fue uno de los motivos por los que el coordinador guinda Ramiro González, esté actualmente peleando la posición de una de la comisiones más importantes dentro del poder legislativo.

Recuento de daños

A casi dos semanas de haber sido regresado a sus propietarios, el Hotel Cola de Caballo en Santiago ya se encuentra operando al 90 por ciento, sin embargo, sus asesores legales han continuado con la preparación de los recursos legales que presentarán en contra de quienes consideran les ocasionaron agravios y atropellos.

Un cálculo que hacen los propietarios después de 9 días de reabrir el hotel, es que la pérdida por no operar en temporada alta de verano fue de más de 14 millones de pesos.

Los afectados por el desalojo ejecutado en mayo pasado ya fueron a exponer su caso ante representantes de la Presidencia y ante algunos legisladores federales, pero piensan proceder en contra del Juez 32 de lo Civil y el Juez de Exhortos de Nuevo León a quienes señalan de ignorar un amparo de la justicia federal y haber procedido con el desalojo el pasado mes de mayo.

Además acusan que el Juzgado de Exhortos retrasó intencionalmente un trámite de suspensión que ordenaba la restitución de la propiedad a sus dueños. El caso va para largo.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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