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Opinión

En el fondo, los problemas siguen siendo los mismos, corrupción y simulación. Pero la solución no está en cambiar leyes, sino en procesar todo un cambio cultural. Es claro que el gobierno está agobiado por la cantidad de frentes que tiene abiertos y lo que quiere es retornar -tan pronto como sea posible- al marasmo que permite aparentar que no pasa nada y que quienes tienen a su cargo las decisiones merecen los elevados sueldos que perciben.

Sin embargo se cierne sobre el país una realidad oscura y preocupante, vestida con piel de honestidad. La propuesta de Acción Nacional en materia de combate a la corrupción, que sin duda es la puerta falsa por la que el país no debe transitar.

Para los ingenuos priistas que todo mundo piensa son herederos genéticos de aquellos colmilludos políticos de los sesentas, pudiera parecer tentador aceptar el camino fácil de aceptar los votos que integran mayoría, para poder anunciar una reforma más, pero a no dudarlo sería un nuevo error. 

La propuesta es sencilla, aceptar que el mundo al revés que hoy se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se convierta en salomónico referente de lo que conviene al país y de lo que debe ser materia de condena. 

No existe en el país ente más desorganizado e incompetente que ese laberinto de las vanidades, que sólo es convidado a ser el juez supremo anticorrupción por la sencilla razón que fue integrado con la venia de quienes hoy temen ser acusados de tratos venales y de conductas lesivas del patrimonio nacional.

Roberto Gil se ha encargado de aterrorizar a todos los magistrados que requieren ratificación y les ha dejado claro que el voto azul sólo es para aquellos que juran lealtad eterna al presidente de la Comisión de Justicia.

Qué decir del resto de nombramientos que durante dos sexenios hicieron los panistas en toda instancia que administra justicia y en el propio Consejo de la Judicatura. No importa que se hizo, sino tener a modo a quien tenga la última palabra, para asegurar la albiceleste impunidad.

No, el Tribunal Fiscal no se entiende a sí mismo, menos puede ofrecer combate frontal a la corrupción. La perversa invitación hecha por Anaya sólo nos llevaría a perpetuar el problema y a asegurar la impunidad de que gozan Calderón y sus secuaces. 

Acaso habrá quien piense que en dos sexenios ninguno de los encumbrados políticos hechos de la nada, nada se llevaron. Será que México se hundió en este mare magnum de complicidades sin la intervención de políticos con trayectorias de humo, que sólo demostraron ser expertos en formar fortunas inexplicables. Sí, esos que ahora escupen al cielo desde el Congreso.

Pensar que Creel, Lozano y Vega Casillas pueden contribuir a limpiar el país de políticos nefastos, no es poner la iglesia en manos de Lutero, sino pensar que Dios ha muerto y que el diablo debe quedar a cargo.

Sin caer en la fantasía de que los ciudadanos gobiernen sin ser gobierno, debe encontrarse un esquema de pesos y contrapesos que permita solucionar de fondo el problema. 


* Esta opinión no refleja la del periódico

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