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Opinión

Los integrantes del Ejido San Nicolás, quienes desde hace años mantienen un litigio por la propiedad del inmueble, sufrieron un revés en su lucha por la búsqueda de justicia.

Tras haber obtenido en octubre pasado una sentencia favorable, en donde el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 con sede en Monterrey le ordenó a la empresa Agua y Drenaje el pago de más de 200 millones de metros cúbicos de agua a raíz de un incumplimiento en el suministro durante 10 años, el Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México dejó sin efecto el fallo y, por lo tanto, suspendió el pago, que asciende a aproximadamente mil 800 millones de pesos.

A pesar de que los representantes legales apelarán la resolución, los integrantes del ejido tienen preparada una estrategia más amplia para defenderse de lo que consideran un agravio. Los ejidatarios presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de quien resulte responsable, por tráfico de influencias.

La razón de esta demanda es que los magistrados del Tribunal Superior habrían recibido presiones para cambiar el sentido de la sentencia, a pesar de que les habían adelantado en una sesión pública que mantendrían la emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20.

Además, los inconformes se presentarán el día de hoy en Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador que escuche sus demandas. Existe otro litigio relacionado con la propiedad del terreno de 520 hectáreas del ejido, que también está en el Tribunal Superior.

El mismo Tribunal Unitario con sede en Monterrey determinó que los ejidatarios son los propietarios legales, sin embargo, un fideicomiso conformado por Scotiabank está peleando la posesión.

El temor es que los magistrados que ya resolvieron en su contra, puedan emitir un fallo no favorable en este otro caso.

Otro conflicto que puede escalar

El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, está repitiendo la misma “estrategia” que ya emprendió para hacer frente al conflicto transportista para tratar la creciente problemática con los taxistas y conductores de plataformas como Uber, Didi o Cabify.

Al parecer, la administración estatal le sigue apostando a dejar pasar el tiempo, esperando que la Ley de Movilidad que se trabaja en el Congreso local pueda resolver parte del problema.

Sin embargo, mal harían “El Bronco” y Manuel González en repetir los errores como la falta de una postura oficial, las contradicciones en las declaraciones o los cambios en el discurso de un día para el otro.

La protesta del día de ayer para exigir la destitución de Noé Chávez como director de la AET es sólo el primer aviso.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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