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Opinión

En las primeras horas del día de ayer, elementos de Fuerza Civil fueron blanco de un ataque con armas de grueso calibre en Monterrey y, aunque no se reportaron lesionados, ya es preocupante lo que parece ser una ofensiva directa contra esta corporación.

En este año ya se han registrado otras agresiones directas, como la del 15 de enero en Apodaca con saldo de tres efectivos heridos o el ataque al cuartel de la corporación en Guadalupe el pasado 19 de enero y, ante esta ofensiva, quien no ha salido a dar la cara es la comisaria de Fuerza Civil, Norma Leticia Platas, a quien desde hace una semana nadie ha visto en el cuartel central de la avenida Félix U. Gómez y tampoco ha asistido a las reuniones de seguridad en Palacio de Gobierno.

Parece que la funcionaria escogió un mal momento para tomar vacaciones. Por cierto, el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, tampoco parece darle mucha importancia al tema, ya que hasta el momento sus declaraciones han sido para minimizar los ataques.

La última vez que se registró una ola similar de ataques fue hace 10 años, en la recta final del sexenio de Natividad González Parás, y ¿quién era el titular de la SSP estatal? Adivinó. Aldo Fasci Zuazua.

¿Para cuándo el estudio ambiental?

El tema de la contaminación en el área metropolitana se ha convertido en cruce de acusaciones, donde unos y otros se señalan acerca de quién contamina, pero lo cierto es que el Gobierno no actúa y pareciera que lo más fácil es culpar a los autos y buscar aplicarles la verificación.

A casi un mes de que se informó que el centro Mario Molina haría un estudio para contar con un detalle exacto de la problemática ambiental en Nuevo León, no sólo no se tiene algún avance, sino que tampoco hay claridad acerca de cuando estará listo.

El costo de este estudio será de alrededor 10 millones de pesos, una cantidad muy considerable como para que a estas alturas poco o nada se sepa del mismo.

No hay un informe transparente de qué se estaría haciendo, y esto pude levantar muchas suspicacias sobre cómo se está realizando y si no es sólo una estrategia para ganar tiempo ante la crisis.

La situación es tan alarmante, que ahora el gobernador Jaime Rodríguez está pidiendo un convenio con el Gobierno federal para actuar con las empresas que se rigen bajo leyes federales.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, no puede poner en cintura a las empresas extractoras de caliza, conocidas como las pedreras, y ahora quieren sancionar a otras compañías.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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