En las últimas semanas, nos dicen, los movimientos y la actividad de cabildeo dentro del sector energético en el país han bajado su intensidad, y no solamente por la depuración en los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o por las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.

Al parecer, entre los jugadores de este sector está imperando la cautela ante lo que pueda moverse políticamente tras las elecciones de este domingo, y un posible cambio de equilibrios en la Cámara de Diputados y en las gubernaturas en disputa; y, sobre todo, por lo que pueda pasar en el periodo poselectoral, que podría propiciar un entorno político complicado si se judicializan las elecciones.

El ambiente para la inversión y el desarrollo en el sector energético, principalmente en materia de combustibles no es el mejor, pues a pesar del freno que los jueces le han puesto a la reforma en materia de hidrocarburos, la CRE y la Sener han actuado para favorecer a Pemex y aún queda mucha incertidumbre por el desenlace en materia judicial. A esto puede sumarse un ambiente de tensión política para las próximas semanas.

Los principales participantes de este mercado están muy atentos a la integración de la próxima legislatura y al balance político que salga de los comicios para medir sus siguientes pasos.

PRIORITARIO BLINDAJE DE ADUANAS

Llama la atención el énfasis que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conmemoración del Día de la Marina en Veracruz, a la formalización del control de la Secretaría de Marina sobre todos los puertos y aduanas del país, lo que viene a confirmar que el blindaje de estos puntos de entrada es prioritario.

Más allá de los cuestionamientos sobre si se trata o no de una militarización, lo cierto es que el trabajo coordinado de la Marina con las autoridades civiles como la Administración General de Aduanas del SAT ha permitido poner un freno, por ejemplo, al contrabando ilegal de combustibles que, además de distorsionar el mercado, ocasionaba un grave perjuicio a las finanzas públicas, pues la Hacienda pública dejaba de percibir miles de millones de pesos por este flagelo.

Hoy, nos comentan, estas prácticas están bajo mínimos, y por los mensajes que se envían desde la autoridad, no parece que vayan a relajar el blindaje.