El fin de semana pasado comenzó con una noticia que seguramente puede ser catalogada como histórica. El recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a las enormes empresas de telefonía móvil y televisión que dominan el mercado mexicano como “agentes preponderantes”, lo que abre camino a una tormenta de regulaciones contra estos en los próximos meses. 

Es un paso en la dirección correcta, aunque los medios por los cuales se busca lograrlo no sean necesariamente los  más adecuados. 

Al otorgar más poderes a la IFT, se está arriesgando revertir en un futuro los avances que se pretenden lograr en transparencia y competencia. 

Dentro de las nuevas reglas de juego, se abre una restricción a la compra de derechos exclusivos de “eventos relevantes” por parte de cualquiera de Telcel o Televisa. 

En el corto plazo, la medida es entendible porque pretende reducir las barreras a la entrada que enfrentarían las nuevas televisoras en el mercado. En la práctica, estas no tendrían que desembolsar grandes sumas para adquirir derechos de transmisión de eventos deportivos, los que tradicionalmente atraen más publicidad. 

Dado lo anterior, resultaría evidente pensar que la Federación Mexicana de Futbol, otro monopolio natural, tampoco estará muy contenta con la resolución del IFT. 

Sin embargo, atar  un precio de mercado (en este caso la transmisión de los partidos) a las decisiones de burócratas, nunca ha derivado en decisiones eficientes, desde el punto de vista económico. 

Se trata de una amplificación importante de los poderes de la IFT porque ahora además tendrían que decidir qué constituye un “evento relevante”. Para algunos estos pueden ser obvios en la actualidad, pero la discrecionalidad nunca es una buena política pública. 

De hecho, los pocos ejemplos de políticas que han triunfado a pesar de extender el poder de los reguladores parecen tener en común la virtud de delimitar claramente el poder del regulador no solo en el presente, sino muchos años en el futuro.

En el caso actual, ambas posturas podrían haberse conciliado imponiendo un límite explícito (más allá de la revisión bianual prometida por la IFT) a los años u ocasiones en las que el regulador podría catalogar a un evento como “relevante”.

En el corto plazo obtendríamos los beneficios propuestos de la política (al fin de cuentas, estos aplican solamente a la entrada del competidor) mientras que garantizaríamos reglas claras y menos margen para la discrecionalidad en el futuro.

Que tal vez se haya creado un peligroso incentivo en el futuro no implica que las decisiones de la IFT hasta hoy hayan sido equivocadas, de hecho considero que son generalmente acertadas, pero  dan testimonio de la eterna problemática al momento de hacer políticas públicas: resulta fácil y tentador sacrificar estabilidad futura por ganancias de corto plazo.