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Opinión

Muy grave es “el error” cometido por la Policía de San Pedro, que provocó el viernes que un juez ordenara la liberación de tres ladrones acusados de robar residencias y de vender droga en el municipio sampetrino.

Por más que las autoridades de San Pedro intenten atribuir a una falla de procedimiento la liberación de esta banda de delincuentes, el tema pone bajo la lupa a la corporación sampetrina.

El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, está obligado a ordenar una investigación interna para saber si hubo dolo en “el error” por parte de los policías municipales o se trató de una falla no intencional.

Pero sobre todo se debería de investigar si la liberación de estos delincuentes está relacionada con las amenazas que Marcial Herrera, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de San Pedro, habría recibido hace dos semanas tras la captura de estos narcomenudistas uno de origen brasileño y otro peruano.

El conflicto de Russildi

Un insulto al ciudadano resultó la declaración de Roberto Russildi, nuevo Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, quien descartó que incurra en conflicto de interés al ocupar este cargo por su relación con la empresa Javer, que preside Salomón Marcuschamer.

El compadre del gobernador Jaime Rodríguez debería de saber que el conflicto de interés que se le señala no está relacionado  –como Russildi asegura– con si Javer es contratista de obra pública del Estado o no. Eso es lo de menos.

El conflicto de interés radica en que se le está otorgando a la viviendera –en la que Russildi se desempeñó como vicepresidente– la dependencia a cargo de elaborar los planes de desarrollo urbano del Estado y de los municipios y eso es un problema aquí en Nuevo León o en China.

Es el mismo caso que ocurre en San Pedro con Mauricio Fernández, que pretende poner al regidor Eduardo Rodríguez González, empresario inmobiliario, al frente de la comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo sampetrino.

CADHAC vs militarización de mandos en NL

El organismo CADHAC criticó ayer la decisión del gobernador Jaime Rodríguez de designar a militares en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y en Fuerza Civil.

El organismo de la hermana Consuelo Morales advirtió que la militarización de los mandos en Nuevo León va en contra de las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han hecho a México.

“Hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a no ser indiferente a las sugerencias que los expertos en la materia han hecho, pues insistimos en no olvidar que durante la militarización de Nuevo León se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

Rodríguez nombró –además del general Cuauhtémoc Antúnez en la Secretaría de Seguridad Pública– al general Tomás Reyes como comisario de Fuerza Civil y al capitán Juan Carlos Campos como segundo al mando.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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