Hemos llegado a ese punto en donde no sabemos distinguir entre la delincuencia organizada y la uniformada.

Y todo desde que el gobierno federal definió claramente su visión policial-militar en la agenda pública de seguridad.

A simple vista, esto parecía la estrategia más efectiva a corto plazo para luchar contra la delincuencia, pero hoy, después de cinco años el incremento a las violaciones a los derechos humanos no tiene comparación.

Muerte y más muerte.

Es evidente que al Estado Mexicano le faltó la creatividad técnica y la voluntad política para buscar otras alternativas.

Y en tiempos transexenales vale la pena reflexionar:

“Es común, en América Latina, pensar que estamos sobre diagnosticados. Pero no hemos hecho una reflexión profunda sobre las causas de la delincuencia en nuestras ciudades”.

Así comenzó la presentación del libro Antípodas de la Violencia, coordinado por Antanas Mockus –ex alcalde de Bogotá – y presentado en Monterrey por Henry Murrain, director de Proyectos de Corpovisionarios por Colombia.

Murrain hizo una descripción general de cada capítulo del libro, señalando el poco compromiso de los gobiernos  de derecha, como de izquierda para diagnosticar las causas de la violencia y la delincuencia.

Y es que los gobiernos se quedan en sus reductos ideológicos.

Desde la izquierda se concibe una estrategia como sinónimo de combate a la desigualdad. Pero haciendo un análisis puntual, los autores concluyen que nada tiene qué ver el dinero con el comportamiento violento o delictivo, aunque tampoco se puede excluir de la lista de factores principales.

Esta información me recordó una conversación con Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas A.C., con respecto a la violencia de género. Algunos de los casos de violencia intrafamiliar entre las clases socioeconómicas altas no pasan por la denuncia, porque a fuerza de no exhibir la violencia ante una sociedad conservadora, se queda a instancia del esposo golpeador, en las citas con el psicólogo.

Por otra parte, desde la perspectiva de los gobierno de derecha, todo se reduce a la cárcel o la coerción para resolver la delincuencia y la violencia.

De ahí que impulsan o aprueban iniciativas como  la reducción de la edad penal, el incremento en el número de policías y militares, e incluso la permisividad en la aparición de grupos paramilitares o de autoprotección.

Aparentemente con ello inician procesos de castigo que son legales, pero que al ser centralizados por grupos de poder, se convierten en el caldo de cultivo perfecto para violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Por ejemplo la percepción de que las cosas están en orden, o “blindadas”, como acuñara el término Mauricio Fernández, alcalde saliente de San Pedro. 

Estos discursos políticos, sin embargo, no han podido resolver el problema.

La gran lección es entender que la causa y el efectgo no se reducen a dinero y cárcel. 

El libro nos propone alternativas para medir las relaciones de nuestra cultura con la seguridad y, a partir de esto, tomar acciones.

Esto, con indicadores relacionados con nuestro comportamiento, como la convivencia, la familia, la ley, entre otros.

Si las políticas públicas que se diseñan desde los gobiernos tomaran en cuenta nuestras bases culturales podrían modificar de forma positiva mejoras para la convivencia y la seguridad.

Porque no se puede actuar con irresponsabilidad frente al tema. Los planes de seguridad deben ser diseñados a la medida de nuestro contexto, igual que las herramientas de medición que nos acerquen a soluciones efectivas.

Monterrey está incluida en Antípodas de la Violencia comparándola con otras siete ciudades en la exploración de la relación entre cultura ciudadana y seguridad.

En nuestra ciudad, dominada por la delincuencia, hemos cedido nuestro poder porque no nos involucrarnos, ¿cuál piensa que sea el diagnóstico? Por cierto, si se preguntó que significa antípoda… Es un punto situado en la superficie de la Tierra que es simétrico a otro en relación con la latitud y complementario en longitud.

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