Al igual que en 2020, el 30 de abril de este año celebramos el Día de las niñas y los niños en medio de la pandemia, por lo que no se pudieron realizar los tradicionales festivales en las escuelas ni pudieron salir a pasear o reunirse con sus amiguitos ya que, en su mayoría, permanecen encerrados en sus casas; con las consecuencias que esto implica, principalmente para su salud emocional y desarrollo.

Pero también son muchos los casos de niñas y niños en los que, lamentablemente, perdieron la vida sus papás y mamás por COVID-19 y quedaron en situación de orfandad, sin que, hasta el momento, contemos con un registro que nos permita dimensionar el nivel de la tragedia y, sobre todo, dar seguimiento y asegurarnos que cuenten con cuidados de familiares o de alguna institución. Lo mismo ocurre con aquellos que han quedado abandonados a su suerte al ser víctimas de la violencia en nuestro país; misma que va a la alza como lo muestran las cifras de homicidios dolosos.

Es preocupante que no se tenga claridad respecto al número de niñas y niños que han quedado sin la protección de sus familias, como también lo es que no sepamos cuántos se encuentran en centros de asistencia social y albergues públicos y privados, cuál es su situación jurídica ni cuál es la atención que están recibiendo.

De acuerdo con el primer censo que realizó el INEGI en 2015, se pudo registrar a 33 mil 118 menores de edad en estos centros de cuidado, mientras que la CNDH estimaba aproximadamente 26 mil 372 niñas y niños para 2016.

Es decir, existe una diferencia significativa entre las cifras que manejan ambas instituciones que superan los 6 mil 700 menores de edad, aun y cuando desde 2006 el Comité de Derechos del Niño de la ONU emitió una recomendación al Estado mexicano para que contara con esta información.

Han pasado 15 años, poco o nada ha cambiado y la recomendación de la ONU cayó en el olvido. Al parecer ni siquiera hemos aprendido de casos tan graves como los de Casitas del Sur, Mamá Rosa o la Ciudad de los Niños ocurridos unos años después, o los que ha documentado la organización Disability Right International, principalmente respecto a niños con discapacidad, como el de la “Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables”, en la que las personas albergadas eran atadas a sus camas o encerradas en jaulas, lo que además de despertar una gran indignación, evidencia una grave negligencia y omisión por parte de las autoridades.

Es importante tener en cuenta que el 80 por ciento de las niñas y niños se encuentran en albergues privados, y que la falta de supervisión los coloca en una situación de mucha mayor vulnerabilidad e incrementa el riesgo de que sean víctimas de toda clase de abusos. Sin duda, este es un gran pendiente en la agenda de la niñez