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Opinión

En nuestro país, la crisis de violaciones a derechos humanos se ha hecho cada día más persistente, por lo que los legisladores tenemos un compromiso con la ciudadanía de generar un marco normativo que promueva y proteja los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Desde el Senado de la República hemos impulsado diversas reformas en beneficio de sus derechos humanos.

Durante el 2019, los diversos grupos parlamentarios que convergen en el Senado mexicano lograron reformas trascendentales para nuestro país. Tal es el caso del establecimiento constitucional del principio de paridad de género para que tanto mujeres como hombres, tengan el mismo número de espacios en la toma de decisiones de nuestro país.

Dentro del paquete de reformas que responden a las luchas sociales -de décadas-, encontramos la que reconoce a los pueblos afromexicanos como parte de la composición pluricultural de nuestro país; se aprobó la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables, con la finalidad de reconocer el derecho a la titularidad de los pueblos y comunidades sobre aquellos elementos culturales y de identidad, evitando que sin su consentimiento, terceras personas lucren con dichos elementos.

Para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se aprobaron modificaciones para prohibir el matrimonio de menores de edad, imposibilitando a las autoridades locales y a familiares, conceder dispensas o consentimientos para su realización. Por otro lado, se aprobó una reforma para reconocer el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral, facultando al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud y lograr la protección de este sector de la población.

También se realizaron adecuaciones normativas para regular el trabajo doméstico remunerado, reconociendo y garantizando los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. En el mismo sentido, se ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, para garantizar la protección de los derechos humanos de las más de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico.

Es de destacar que en respuesta al llamado realizado por la Organización de las Naciones Unidas , se derogó la figura del arraigo, violatoria de los principios constitucionales de presunción de inocencia, al derecho a la libertad y a una defensa adecuada. Aunque aún queda pendiente la derogación de la prisión preventiva oficiosa.

Por último, se ratificaron la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerencia, y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptadas en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.

Aun hay mucho por hacer desde el ámbito legislativo y en el 2020 habremos de continuar trabajando con 4 objetivos concretos: bien común, solidaridad, subsidiariedad y dignidad de la persona humana. Siempre buscando la progresividad de los derechos humanos.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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