¿Una patada a España?

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico autorizaría la remodelación del estadio de fútbol del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. González es miembro del Partido Popular, que actualmente gobierna el país.

El proyecto consiste en cambiar la fachada, aumentar el aforo para que puedan entrar hasta 90 mil espectadores, dotarle de una cubierta retráctil y edificar un hotel y un centro comercial de 12 mil 250 metros cuadrados en una de las principales arterias de la capital, el Paseo de la Castellana.

El magnánimo plan que se espera esté concluido para 2015 será posible debido a que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desbloqueó el proyecto que Florentino Pérez tenía en mente desde el 2003 y que implicaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana debido a que las obras van a ocupar parte del viario público que, sin ese cambio, serían ilegales.

Ecologistas en Acción denunció a principios de este año todas las irregularidades en las que incurrían las obras. La organización ambientalista concluía que este proyecto, posible gracias a diversas maniobras especulativas, perjudicaría los intereses públicos de la ciudad para beneficiar al club o a posibles causas corruptas del Ayuntamiento. Sin embargo, sus alegaciones fueron ignoradas.

Lujo insensible

Aunque el vicealcalde de Madrid dijo que “las actuaciones derivadas de este proyecto generarán una inversión privada superior a los 200 millones de euros y cerca de 3 mil empleos, de ellos casi 600 después de las obras”, lo cierto es que el anuncio puede levantar ámpula y aumentar la crispación en un contexto como el actual.

Para empezar porque, según el portal Veo Verde, “lo que más molesta a algunos ciudadanos es que el club de fútbol ha pagado todos sus permisos con los mismos dineros obtenidos por los terrenos que el mismo Consistorio de Madrid le otorgó sin una consulta ciudadana”.

Pero, sobre todo, porque la noticia contrasta fuertemente con la situación de la mayoría de madrileños y españoles, que comienzan a verse asfixiados por la subida de impuestos, la carestía del transporte público, los recortes en sanidad y educación, la deuda creada para rescatar a los bancos, el desempleo, los desahucios, la precariedad en el trabajo derivada de las últimas reformas laborales y un largo etcétera.

En la cuestión de los impuestos destaca sobre todo el incremento de 5 puntos del IVA, que pasó de un 16 por ciento a un 21 por ciento.

En cuanto al precio del transporte público, también fue motivo de movilizaciones, ya que el precio del billete de metro pasó de 1 euro a 1.50 euros (unos 24.75 pesos) de 2011 a 2012.

Con respecto a la educación y a la cultura, lo grave es que además de que el gobierno no destinará ni un euro para las bibliotecas públicas en 2013, sigue con su plan de recortar casi 300 millones antes de que acabe el año.

En esa situación, los daños a la educación pública son incuantificables. Por poner un ejemplo, la situación de la Universidad Complutense de Madrid, una de las instituciones públicas de estudios superiores de mayor prestigio, es bastante grave. En entrevista con eldiario.es, su rector, José Carrillo, informó en octubre que la Comunidad de Madrid debía a la universidad 18 millones de euros.

A la larga lista de hechos que dificultan las condiciones de vida de los ciudadanos se suma también el desmantelamiento de la sanidad pública, al que el gobierno de la Comunidad de Madrid lleva contribuyendo desde hace varios años. La consecuencia más reciente es que ahora hay que pagar 1 euro más por cada receta y que a principios de este mes se conoció a través de eldiario.es que la privatización de 6 hospitales públicos de la provincia abre un negocio de más de 400 millones de euros para las empresas del sector.