Se subasta La Tierra
El pasado fin de semana en la Ciudad de México más de 50 mil personas asistieron al Wirikuta Fest para pedir el retiro de las concesiones otorgadas a empresas mineras para que exploten el área emblemática de la cultura wixárika.
El conflicto es global y se enmarca en un debate que no termina de resolverse porque resurge con cada incursión que se intenta en áreas protegidas o de especial interés natural.
Sandra de Miguel Sanz"(La reforma forestal) es el texto de la deforestación de la selva”
Para SOS Florestas sí hay alternativa: utilizar los 61 millones de hectáreas de explotación ganadera de bajo rendimiento para agricultura
El pasado fin de semana en la Ciudad de México más de 50 mil personas asistieron al Wirikuta Fest para pedir el retiro de las concesiones otorgadas a empresas mineras para que exploten el área emblemática de la cultura wixárika.
El conflicto es global y se enmarca en un debate que no termina de resolverse porque resurge con cada incursión que se intenta en áreas protegidas o de especial interés natural.
Como dijo Rubén Albarrán, vocalista del grupo Café Tacvba, “Esto que está pasando en Wirikuta está pasando en todas partes; están contaminando el agua, contaminando la tierra. Pareciera que estamos asistiendo a la gran venta total del fin del mundo, estos políticos lo están vendiendo todo”.
La batalla entre los ecologistas y los partidarios del desarrollo agroindustrial está ahora librándose en Brasil con motivo del nuevo Código Forestal y del avance del proyecto Belo Monte. En medio, una presidenta que parece indecisa.
Brasil contra natura
El pasado 25 de mayo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó 18 de los 84 puntos del nuevo Código Forestal.
Los 18 puntos vetados eran algunos de los más polémicos, como la amnistía del pago de las multas a los terratenientes que habían contribuido a la deforestación de la Amazonía antes de 2008.
El texto se había aprobado en el Congreso el año pasado.
Sin embargo, se rebajó al llegar al Senado eliminando, por ejemplo, la amnistía, y es por ello que pasó de nuevo a la Cámara baja.
El veto de Dilma a algunos puntos se produce en la víspera de la Cumbre de la Tierra Río+20 que se celebrará en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio y que ya cumple 20 años.
Además de este acontecimiento, que presionaba indirectamente a Dilma para que vetara, como mínimo, algunos puntos, la presidenta se ha enfrentado, según informan algunos periodistas, a la coacción de muchos terratenientes presentes en el Congreso.
Estos querían que la reforma se aprobara íntegramente.
Los partidarios arguyen que el veto disminuirá la cantidad de alimentos producidos en el país y encarecerá los precios de los disponibles.
Sin embargo, los ambientalistas que acamparon frente al Palacio pidiendo la anulación de la totalidad del Código lo tienen claro.
Para demostrar su oposición, recogieron más de 2 millones de firmas en varios países del mundo.
Además, bajo el lema “Veta, Dilma” se agrupó un gran movimiento popular demandando el veto a la amnistía de los grandes terratenientes sin olvidar la situación de los pequeños labradores.
Pero la amnistía no es el único punto de conflicto.
La ampliación de la presa Belo Monte hasta convertirla en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo después de la de las Tres Gargantas en China y de la de Itaipú en Brasil y Paraguay, también es motivo de conflictos y enfrentamientos.
Las controversiales amnistías
La reforma enfrenta, principalmente, dos posturas: la de los agroindustriales con la de los ecologistas, que defienden la integridad de la selva amazónica.
En total, un 61 por ciento del territorio está protegido frente al 27 por ciento que está dedicado a la agricultura.
El problema es que el sector agroindustrial es clave. Supone el 37 por ciento del empleo nacional, el 27 por ciento del PIB y el 37 por ciento de las exportaciones brasileñas.
Esto ha configurado un sector con enorme poder entre los diputados y los senadores procedentes del interior del país.
La reforma se ha aprobado con Dilma en contra debido al poder del denominado “lobby ruralista” que lidera Aldo Rabelo, un diputado comunista.
Otro punto también polémico de las amnistías es que también había pequeños agricultores que no hubieran podido pagar las multas ni tampoco dejar sus tierras porque son su única fuente de renta.
El proyecto Belo Monte
La ampliación de la hidroeléctrica Belo Monte es un proyecto que provocará la inundación de un total de 400 mil hectáreas en las que habitan unas 40 mil personas de las comunidades indígenas y locales.
Estas personas serán desalojadas o bien se verán obligadas a aceptar una cantidad menor del valor real concedido inicialmente a las tierras ya que la mayoría no tiene títulos de propiedad.
El lugar exacto es el río Xingu, situado en el estado amazónico de Pará, al noreste.
Es una superficie más grande que el Canal de Panamá.
Luismi Uharte, sociólogo navarro y autor del libro El Sur en revolución. Una mirada a la Venezuela Bolivariana analiza en un artículo el proyecto apodado por sus detractores como “Belo Monstro”.
La encargada de continuar con el proyecto es la corporación Norte Energía, un consorcio empresarial público- privado.
Algunas de las empresas conocidas que tienen acciones son el grupo eléctrico estatal Eletrobras o Iberdrola.
La producción estimada según es de 11 mil MW.
Pero el proyecto no es nuevo.
Se trata de un viejo plan de la dictadura militar de fines de los setenta rescatado por Lula y ahora continuado por Rousseff como parte del Programa de Aceleración del Crecimiento.
Compra fraudulenta y estrategias turbias
El 17 de febrero del año 2000 se informa en El País que una extensión superior a toda Bélgica en la que habitaban 25 mil indios Kayapó ha sido comprada por una empresa estadounidense utilizando títulos falsos de propiedad por 1.021.720,58 euros, 300 veces menos del valor inicial adjudicado.
La empresa era Allied Cambridge, que negó los hechos.
Desde entonces, el territorio ha cambiado de manos sin estar claro quien era el propietario inicial si es que lo había.
En cuanto a la evolución del proyecto Belo Monte, Uharte señala un cambio en 2010 motivado por la compra de líderes.
Así, si antes de esa fecha los pueblos indígenas, el MAB (Movimiento dos Attingidos por Barragens) y la coordinadora de movimientos sociales Xingu Vivo consiguieron frenar el proyecto.
Sin embargo, después de esa fecha, la empresa procede a la compra de líderes.
Según el Consejo Indígena Misionario, se entregaron cheques mensuales a líderes indígenas o a líderes de barrios pobres y se aumentó la inversión en fuerzas de seguridad.
Además, la promesa de que la obra será la “salida del subdesarrollo”, cautivó a muchos.
Sin embargo, lo seguro es que la presa proveerá de energía barata al complejo minero-metalúrgico transnacional.
Para el movimiento ecologista SOS Florestas, sí hay alternativa: utilizar los 61 millones de hectáreas de explotación ganadera de bajo rendimiento para agricultura.
La presa y sus efectos
Los impactos de una empresa de este tipo son enormes.
El MAB, una organización que lucha por los derechos de los afectados por la construcción de presas reportaron que un 90 por ciento de la electricidad producida en el país procede de fuentes hidroeléctricas sin otorgar indemnizaciones justas a los afectados.
Además, algunos efectos, según señala Uharte, ya pueden observarse.
Al colapso de servicios básicos por la llegada masiva de gente en busca de empleo se suma la desestructuración social.
Y es que muchos de los que llegan por un trabajo se ven obligados a abandonar a sus familias.
Esto también tiene otra consecuencia: un aumento de la prostitución.
Pero además, cuando llegan al necesario trabajo, se encuentran con que el transporte es deficiente, la comida está en mal estado, las jornadas son demasiado largas y corren el riesgo de sufrir accidentes laborales.
Esto da lugar a huelgas de sindicatos alternativos cuyos líderes son despedidos sistemáticamente, según informó un trabajador recién destituido a Uharte.
La destrucción ambiental no será menor.
Según Oswaldo Sevá, de la Universidad de Campinas, se devastarán mil 500 kilómetros cuadrados, el 33 por ciento de la selva nativa.
A esto hay que añadir los efectos del desplazamiento de más de 20 mil personas y los riesgos de inundaciones.
Las resistencias
Cuatro organizaciones se han destacado por movilizarse para parar Belo Monte o, cuanto menos, reducir sus impactos, luchar por unas indemnizaciones justas y exigir que se elabore un plan de reubicación de agricultores proporcional.
Se trata de la Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global, Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Estas asociaciones han enviado denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 11 de abril, la CIDH solicitó al gobierno brasileño aclarar la situación de las comunidades afectadas e informar de la mala calidad del agua del río, pues el peligro de contaminación aumenta por la represa.
Además de las resistencias al proyecto Belo Monte, la reforma del Cógido Forestal, considerada por muchos como la apertura para continuar con la destrucción de la Amazonía, también se ha topado con obstáculos y no únicamente en el Congreso.
Greenpeace y parte de la sociedad civil se han unido para reclamar la “Ley de Deforestación 0”, en la línea de los que consideran que “el gran pulmón de la Tierra” debería ser considerado Patrimonio de la Humanidad.
El partido de los verdes, por su parte, asegura que detrás de la reforma hay “una ofensiva de los especuladores de tierra y de los grandes latifundistas”.
